Ley de Amnistía para violadores de derechos humanos no debe ser aplicada por jueces

Dieciséis congresistas de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Avanza País, fueron los responsables de aprobar la Ley de Amnistía para violadores de derechos humanos. La controvertida norma beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa investigados o condenados por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Los responsables de crímenes como los de La Cantuta, Barrios Altos y el asesinato del periodista Hugo Bustíos podrían quedar impunes si se les aprueba una eventual amnistía. Esta medida permitiría que los autores apelen sus condenas, lo que representaría un duro golpe para los familiares de las víctimas, que llevan décadas luchando por justicia.

Conversamos con especialistas y familiares de las víctimas, quienes coinciden en que la aprobación de la Ley de Amnistía para violadores de derechos humanos ha sido una movida política, y no reconciliadora, como varios parlamentarios han tratado de justificarlo.

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Alejandro Mejía, profesor de Ciencias Políticas de la UNMSM

La aprobación de la Ley de Amnistía son acuerdos bajo la mesa que responden al intercambio de favores políticos entre la coalición de bancadas que blindan al gobierno de Boluarte. Este es un tema que en anteriores períodos legislativos ha circulado en el Hall de los Pasos Perdidos, pero que no lograban recabar apoyos que permitan llevar este asunto al Pleno.

Sin embargo, con un Ejecutivo sometido a la voluntad del Parlamento, ha sido la ventana de oportunidad perfecta para congresistas (Rospigliosi, Montoya, entre otros) que representan claramente un lobby militar-policial en promover esta iniciativa legislativa que promueve la impunidad.

Por otro lado, el conflicto armado interno ha generado una polarización extrema entre la ciudadanía y ha sido utilizado por la clase política como herramienta que ha acrecentado las divisiones sociales, donde la reconciliación ha sido más una pugna de narrativas sobre dicho conflicto. En ese sentido, más que avanzar en la ruta hacia la tolerancia y la consolidación democrática, se ha normalizado la vulneración de los derechos humanos por parte de un sector de la sociedad peruana. Esto ha ido acompañado que, en este período legislativo, existe un bloque más compacto de congresistas que vienen promoviendo y exhortando al Ejecutivo a retirarse de la CIDH y limitar el acceso a la justicia por parte de sectores más vulnerables, sin tener mayor comprensión de las implicancias internacionales que tendría ello para nuestro país.

Actualmente hay es una instrumentalización del sistema de derechos humanos en Perú, vulnerando seriamente el acceso a la justicia y tratando de favorecer con impunidad a personas con sentencias y condenas por los sucesos del conflicto armado interno. Nos alejamos del camino de la construcción de la memoria respecto a la violencia política, donde la mayor responsabilidad recae en el Parlamento que forma persistente, continuará promoviendo iniciativas legislativas con una agenda “anti derechos” que seguirán generando una mayor polarización y desacatos a los principios primordiales de un Estado de Derecho.

Benji Espinoza, abogado penalista

La Ley de Amnistía es inconstitucional porque viola el derecho al acceso a la justicia, viola el derecho a la verdad. Creo que los jueces deberían aplicar lo que manda el artículo 138 de la Constitución Política del Perú. Preferir la Constitución e inaplicar esta ley.

Por un lado, los jueces pueden inaplicarla por inconstitucional o por inconvencional, ejerciendo control difuso o control de convencionalidad; pero mientras eso sucede, el Colegio de Abogados, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo o los ciudadanos reunidos -con un número suficiente de firmas- podrían presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley.

Gisela Ortiz, hermana de víctima de La Cantuta y exministra de Cultura

Para nosotros como familiares, esta es una situación dolorosa, nuevamente, porque nos vuelve a traer intranquilidad, nos quita la poca paz que tenemos y significa nuevamente estar vigilantes del cumplimiento de nuestros derechos. Es una ley injusta, ilegal, cero humanitaria con los familiares y las víctimas. En ningún momento han recogido las opiniones de los familiares, no nos han preguntado qué pensamos, qué sentimos porque toda esta lucha para alcanzar justicia ha sido dedicación casi exclusiva de los familiares.

Se ha caminado durante 30, 40 años para que podamos llevar a juicio y a prisión a los responsables de los crímenes que se cometieron, y de pronto, 16 personas que no tienen legitimidad, que ya no representan más que a su propia familia, deciden quitarnos este derecho, porque la justicia es un derecho. Es una ley excluyente y además contraviene a todo el sistema universal de protección de los derechos comunes.

Realmente no entendemos este afán de seguir generando confrontación y división entre peruanos con ese discurso de la lucha contra el terrorismo, que es como el caballito de batalla que tienen, pero que no tiene nada de verdad ni nada de justicia.

Aquí lo que queda es que los jueces y los fiscales no tengan miedo y continúen con estos procesos y hagan caso omiso a esta ley que es inconstitucional e ilegal. No hay que olvidarnos que los congresistas siguen no solo envalentonados, sino con mucho poder, y están haciendo lo que quieran dentro del Congreso. Hay una mayoría congresal que está gobernando con Dina, con el fujimorismo, con APP, con Podemos, y todos los demás partidos, y que tienen tomada la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y ahora quieren tomar el Ministerio Público y el Poder Judicial justamente para que sus investigaciones no avancen, no terminen en condenas y en ese camino terminan beneficiando a criminales.

La única solución sería que los jueces digan: "No señor, no podemos darle a ustedes ese beneficio, porque La Convención Americana señala tal, porque la Convención sobre Desaparición Forzada dice taL", y argumentar en el Marco Internacional de Protección de los Derechos humanos.

Sharmeli Bustios, hija del periodista Hugo Bustios (caso Daniel Urresti)

Toda ley de amnistía que pretenda liberar a personas implicadas en violación de derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad siempre va a ser repudiable, porque detrás de esos casos, muchas veces se ven como frías estadísticas, que murieron tantas personas, están desaparecidas miles de personas, pero hay una historia, hay una familia, hay un dolor. En el caso familiar de nosotros, pues hay una lucha incansable por hallar justicia, y hallar justicia en un país como el nuestro no es nada sencillo.

El caso de papá (Hugo Bustios) fue resuelto. A nivel judicial ya el caso quedó resuelto totalmente porque incluso Daniel Urresti apeló la sentencia. Y tras esa apelación es que la Corte Suprema emite una resolución que se publicó el 14 de agosto del 2024, ratificando la sentencia. Escuchando a los abogados, a los especialistas, pues, queda en manos de los jueces, el aplicar o no esta ley, pero sé que esto no procede porque las violaciones de derechos humanos no pueden resolverse con leyes de amnistía. Eso no debería proceder en un país que imparte justicia, en un país donde se tiene que condenar a los asesinos, a los responsables que han cometido crímenes de lesa humanidad, en este caso con mi padre.

Se hace una exhortación a los jueces para que no apliquen esta ley, pero se necesita darle más fuerza porque sabemos las diversas presiones a las que se pueden someter los jueces y definitivamente no es nada sencillo. soportar la presión desde el poder. Es una situación que muchas veces es insostenible para los jueces, quienes tienen que soportar presiones, incluso hasta posibles amenazas. Son pocos los jueces valientes que pueden hacer prevalecer su decisión con mucha valentía, con mucha determinación. pero no es el caso de la mayoría.

Independientemente que esta ley se aplique o no, está el maltrato constante. Eso es algo que a nosotros, y hablo en primera persona, nos afecta demasiado. Ese maltrato permanente, el atropello, el "no me importa tu dolor", el no dejarnos en paz, el no darnos el derecho a cerrar nuestro duelo. Qué necesidad tengo yo de seguir hablando del caso de mi padre, cuando estamos en un proceso de sanación, de querer rehacer nuestras vidas. Mi padre fue asesinado de la forma más cruel, nos destruyeron nuestro proyecto de vida, y eso es algo que mucha gente no entiende o pretende que con el paso de los años eso se resuelva. Es falso. Hay secuelas, hay heridas, hay dificultades.

No se puede dar lugar a una ley tan infame como la ley de amnistía, desconociendo nuestra lucha, desconociendo nuestro dolor, desconociendo nuestro derecho a hallar justicia, desconociendo nuestro derecho a cerrar nuestro duelo. Es algo totalmente injusto e inhumano. Pretender que gente, por el hecho de que esté en el poder, hundir a un país, sin importar lo que pase con el resto. No se puede pasar por encima del dolor humano, con esa indiferencia, con ese desprecio con el que vienen haciendo los que están en el Congreso.