
Una catástrofe que, hasta el momento, ha dejado ocho fallecidos y más de 80 heridos. La caída del techo del Real Plaza Trujillo el último 21 de febrero dejó muchas preguntas sobre los motivos por los cuales no se clausuró en su momento; sin embargo, leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte limitaron el cierre del centro comercial en el que se registró un fatal accidente.
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo inició las investigaciones contra las personas que resulten responsables por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud tras la caída del techo del establecimiento comercial.
Para poder comprender los hechos, es preciso recordar que, en diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial Real Plaza Trujillo por 30 días, tras el asesinato de Hugo Chávez Loyola, alias 'Virolo', en el patio de comidas del establecimiento comercial por presentar un "peligro inminente".
Sin embargo, el parlamentario Alejandro Cavero, el 28 del mismo mes a través de su cuenta de X (antes Twitter) le recordó a Fernández que el Congreso aprobó una ley que "prohíbe" el cierre arbitrario de los centros comerciales sin ninguna causal que tenga que ver directamente con la vida y la salud de las personas. Sin embargo, después de la tragedia, Cavero argumentó que la ley fue establecida para que los empresarios, ya sean pequeños, medianos o grandes, puedan operar sin miedo a ser cerrados debido a decisiones arbitrarias.
Se trata de la Ley N°31914 que fue promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte y fue impulsada por el fujimorismo durante la gestión del expresidente del Congreso Alejandro Soto. Esta norma modificó la ley 28976, en la que se regulaban las clausuras de establecimientos, y señala la clausura temporal es parte de una medida preventiva cuando se constate que hay un peligro inminente contra la vida, salud, propiedad o seguridad de las personas.
Además, indica que la clausura temporal se levantará en un plazo de 48 horas después de que el propietario del establecimiento corrija las observaciones que dieron lugar a la medida y lo notifique formalmente a la entidad correspondiente. Si la entidad no presenta una observación debidamente fundamentada dentro del tiempo establecido, la clausura se anulará automáticamente.
La norma es clara al señalar en su artículo 49 que el alcalde de la localidad tiene la potestad de ordenar la clausura temporal o definitiva de edificios, establecimientos o servicios, conforme a ley. Pese a esto, Alejandro Cavero publicó aquel tweet en el que se atribuía como un logro haber aprobado dicha ley en el Congreso.

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