Ley de lesa humanidad: Perú es citado en 2025 por la ONU para responder por las desapariciones forzadas

Mediante sus redes sociales, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU publicó sus conclusiones, en la cual solicitó información a Perú, respecto a la ley que elimina la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, promulgada en el presente año. Las Naciones Unidas citó al Gobierno de Perú y a Argentina a una audiencia para marzo 2025.

En el mencionado documento, la entidad internacional sustenta su pedido indicando que de acuerdo con el artículo 29 de la Convención para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada, “siempre que lo considere necesario teniendo en cuenta el estado de aplicación de sus recomendaciones por el Estado parte y la evolución de la situación con respecto a las desapariciones forzadas en el Estado parte”.

¿Qué se le solicitará al Estado peruano responder en la audiencia de marzo 2025?

De acuerdo con el documento, se le solicitará al Gobierno del Perú a explicar los motivos por que el Estado parte consideró oportuno adoptar la Ley de lesa humanidad (6951/2023-CR), especificar en qué medida dicha ley resulta compatible con los derechos y obligaciones contenidos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como con las recomendaciones contenidas en las observaciones finales que el Comité de las Naciones Unidas trasmitió al Estado parte en el 2019.

¿En qué consiste la ley de lesa humanidad?

La ley de lesa humanidad o amnistía fue impulsada por los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular y ocasiona la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002. La norma fue promulgada en El Peruano el pasado 9 de agosto, junto con la cuestionada ley del crimen organizado.

Cabe precisar que la ley de impunidad viene siendo cuestionada por organizaciones internaciones, ya que estaría yendo contra derechos humanos, por lo que expertos indican que si bien no habría una sanción económica o militar como tal, sí existiría implicaciones políticas.

"Perú ha sido un incumplidor crónico de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que podría generar implicaciones políticas muy serias para el Estado. La primera es que nos van a colocar en el rubro de países que desacatan las convenciones internacionales. Nos pondrán al nivel de Nicaragua, Venezuela", precisó el politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.