El líder etnocacerista Antauro Humala se pronunció sobre el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces del Congreso de la República para que se priorice, durante las sesiones plenarias de esta semana, antes del fin de la actual legislatura programado para el 15 de junio, el proyecto de ley que prohíbe a personas con condenas cumplidas por delitos como terrorismo, homicidio, tráfico de drogas, corrupción y otros, postular a la presidencia.
Esta iniciativa ha generado polémica, ya que se considera que está dirigida a impedir una eventual candidatura del líder etnocacerista Antauro Humala, quien ha estado haciendo campaña con miras al proceso electoral de 2026. Como se recuerda, él está en prisión por los delitos de homicidio, rebelión, secuestro agravado y otros en el caso del 'Andahuaylazo' de 2005.
“Todavía no es ley, es aún una pretensión, es un deseo de los sectores más reaccionarios de la política peruana y de los actores más estúpidos también. Ya un poder del Estado, de los tres que tiene el país, como lo es el Poder Judicial, ya dictaminó, yo ya cumplí una sentencia polémica porque en Andahuaylas hubo un crimen de Estado y yo tengo las pruebas. (…) Me parece sinceramente abusivo que, habiendo un poder del Estado que ya ha sancionado y se ha cumplido, otro poder ajeno trate de meterse”, declaró a Exitosa.
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En este sentido, Antauro Humala indicó que ya han analizado la posibilidad de que se apruebe ese proyecto, por lo que vienen desplegando una estrategia legal en respuesta: 'Tenemos formas de acción, una es a través de nuestros abogados y constitucionalistas. Nosotros ya nos hemos anticipado y hemos presentado un recurso de revisión (ante el Poder Judicial) en el cual demostramos que en Andahuaylas hubo un crimen de Estado'.
Para la elaboración del dictamen se acumularon 22 propuestas legislativas, la cual fue aprobada por mayoría en la Comisión de Constitución. Posteriormente, ingresó a debate en el Pleno en diciembre de 2023, pero quedó congelada debido a que se pasó a un cuarto intermedio. Desde esa fecha, Martha Moyano, en su calidad de presidenta de la Comisión de Constitución, estaría buscando los votos necesarios para su aprobación.
El dictamen establece que no podrán postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, ya sea como autoras o cómplices, por la comisión de un delito doloso.
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En el caso de las personas condenadas por delitos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, el impedimento se mantiene por 10 años después de haber sido rehabilitadas. También estarán impedidas de ser designadas en cargos de confianza.
En tanto, al tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere ser aprobado con al menos 87 votos en dos legislaturas consecutivas. Se debe tener en cuenta que la convocatoria a elecciones generales para el 2026 se realizará en abril de 2025.
Finalmente, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, pedirá a la Comisión de Constitución y Reglamento que ponga a debate el proyecto, el cual se encuentra en cuarto intermedio desde diciembre de 2023. Tras la decisión de la junta, este pasó a formar parte de la agenda priorizada del Pleno.