Congreso: proponen ley que da muerte civil a funcionarios acusados por corrupción

La congresista del grupo parlamentario Avanza País Norma Yarrow presentó el Proyecto de Ley n.° 6841/2023-CR, el cual consiste en que se establezca la muerte civil a funcionarios que cometan delitos contra la administración pública. Para ello, plantea la modificación de los artículos 36, 38, 382 y 401 del Decreto Legislativo 635 del Código Penal, según indica en el documento presentado.

Entre otras medidas a tomar para sancionar a autoridades corruptas, aparte de la muerte civil, Yarrow propone la inhabilitación indefinida para prestar servicios a cualquier entidad pública, así como extender la principal a 10 años, cuando originalmente es por 6 meses. Mientras que, a quienes cometan los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, se les impondrá la perpetua.

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¿Qué es la muerte civil en Perú?

La muerte civil en Perú es un concepto legal que se refiere a la pérdida de ciertos derechos civiles y políticos de una persona, en algunos casos, como consecuencia de una condena penal por delitos graves.

Este término históricamente implicaba la pérdida de casi todos los derechos civiles, como a votar, a ocupar cargos públicos, a heredar o a disponer de propiedades, entre otros.

El Decreto Legislativo n.º 1295, promulgado en 2016, introduce la medida de muerte civil para empleados del sector público que sean hallados culpables de delitos específicos, tales como concusión, cobro indebido, colusión, peculado, malversación, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Bajo esta normativa, los individuos que reciban sanciones administrativas enfrentarán automáticamente una prohibición de hasta 5 años para desempeñar cargos públicos.

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¿Cuáles son los argumentos de Yarrow?

El proyecto de ley de Yarrow tiene como objetivo actuar como un mecanismo de prevención y disuasión contra la corrupción, un problema que tiene efectos devastadores en el desarrollo político, económico y social del país, señala el documento.

En tanto, al alinearse con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción, la iniciativa legislativa busca no solo mejorar la credibilidad del Gobierno y la gobernabilidad, sino también enfrentar la impunidad y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para implementar esta medida, la propuesta sugiere modificar varios artículos del Código Penal peruano a fin de reforzar el Estado constitucional de derecho y promover una cultura de respeto a la ley y ética en la función pública.