Presentan iniciativa para establecer muerte civil por terrorismo y delitos en agravio al Estado

El congresista Carlos Zeballos Madariaga con el apoyo de otros parlamentarios, presentó un proyecto de ley en el que propone que se establezca la muerte civil por terrorismo y otros delitos en agravio al Estado. El legislador destacó que la aprobación de la iniciativa es necesaria, pues genera pérdida de millones de soles anuales.

El proyecto de ley 790/2021-CR también es suscrito y tiene como coautores a José Jeri, de la bancada de Somos Perú; Karol Paredes, Hilda López, Carlos Alva y Wilson Soto de Acción Popular.

La iniciativa busca modificar el artículo 39 del Código Procesal Penal, del decreto legislativo 365, y aumentar dos párrafos. En estos, señalan que la pena de inhabilitación permanente se impondrá de manera permanente “en el caso que el autor o cómplice, personas naturales o jurídicas, socios de personas jurídicas que hayan incurrido en los delitos en agravio del Estado”.

En ese sentido, detallaron que se tratan de los delitos contra la seguridad pública y contra la tranquilidad pública en sanción del delito del terrorismo. Asimismo “en delitos contra el Estado y la defensa nacional, reprime los delitos por atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria que establece los delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios”.

En la exposición de motivos, Zeballos Madariaga y los demás congresistas indican que el objetivo principal es sancionar y disminuir este tipo de delitos, que aseguran que una pérdida anual de más de S/ 22 000 000.

“La legislación actual es totalmente insuficiente y protege a los corruptos con penas insignificantes, pero, además, los autores y cómplices pueden regresar al Estado para seguir laborando impunemente. Esta situación se debe atender, estableciendo la pena de inhabilitación de manera permanente en todos los delitos en agravio del Estado, sea por montos mínimos o considerables”, agregan.

En ese sentido, proponen que se ponga igualmente la pena de inhabilitación permanente “sean autores o como cómplices porque las personas naturales y las persona jurídicas se coluden con funcionarios y servidores públicos para obtener provecho ilícito en agravio de los recursos económicos del Estado”.