Respuesta del Estado contra criminalidad es solo un parche

El ex procurador del Estado Luis Vargas Valdivia no solo respaldó el comunicado de la Junta de Fiscales Supremos respecto al Decreto Legislativo 1605, que permite intervenir a la Policía Nacional ante un acto delictivo e iniciar investigación sin presencia del Ministerio Público, sino que lo consideró una respuesta-parche del Ejecutivo a la ola de criminalidad que soporta la población.

Dijo que el Estado debe tomar medidas coherentes y constitucionales, ya que este decreto legislativo, que ha modificado el Código Procesal Penal, ha ido más allá de la Constitución, señalando supuestos que afectan al Ministerio Público y al modelo procesal penal que la Constitución ha fijado en el año 1993.

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“La lucha contra la delincuencia, a efectos de garantizar la seguridad ciudadana, amerita la necesidad de establecer planes a mediano y largo plazo. Hay que dejar de lado estas soluciones tipo parches que se han venido dando en los últimos 20 o 25 años”, demandó el jurista.

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Cuestionó que en lo que va del siglo no se haya tomado ninguna política de mediano a largo plazo para una adecuada lucha contra la delincuencia y para garantizar la seguridad de la población. Ahora, en lugar de dar una respuesta coherentemente articulada, se tiene “una respuesta-parche”.

En esta línea, mencionó que hace poco aumentaron las penas para los delitos de hurto y robo agravado de teléfonos celulares, pero que el mismo día en el Legislativo se ampliaban los beneficios para personas condenadas a la pena privativa de libertad.

“Entonces, estas incoherencias dejan en claro que no hay una política de lucha contra la criminalidad. Son respuestas tipo parche que generan más daño y no buenos resultados”, precisó el abogado.

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Tras expresar su respaldo al comunicado de la Junta de Fiscales Supremos, Luis Vargas Valdivia dijo que corresponde a este órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público presentar una acción de inconstitucionalidad contra este decreto legislativo.

Sin embargo, indicó que hay un paso previo, que es el que debe tomar el Congreso de la República para revisar la constitucionalidad de la norma y luego derogarla.

Vargas Valdivia comentó que quien tendría que dar una explicación sobre dicha inconstitucionalidad es el ministro de Justicia, como asesor legal del Ejecutivo.

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El ex procurador mencionó que este decreto legislativo y otros que fueron publicados hace una semana por la gestión de Dina Boluarte responden también a un reclamo que han venido haciendo determinados mandos policiales a efectos de tener mayor participación en las investigaciones. Pero, al respecto, consideró que esta mayor presencia y participación de la policía tendría que llevarse a cabo siguiendo las órdenes de la Fiscalía y no colocándola a un mismo nivel que el fiscal.

¿Y la fiscalización?

También se refirió al argumento alegado de que algunos jueces y fiscales han decidido liberar a personas detenidas por la policía, con lo cual se ha afectado a la lucha contra la criminalidad. Anotó que esas conductas pueden ser fiscalizadas por los órganos de control respectivos.

“Si bien responden a conductas indebidas de algunos jueces y fiscales, lo que implicaría es la respuesta de los organismos del Estado llamados a ejercer el control de jueces y fiscales, que son las autoridades de control del Ministerio Público y el Poder Judicial. Habría que preguntarles a ellos qué medidas han tomado frente a estos actos que han generado un escándalo en la opinión pública. Qué medidas ha tomado la Procuraduría, si ha presentado quejas, si ha presentado denuncias”, señaló el ex procurador Luis Vargas Valdivia.

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Cita: ministro Arana y Junta de Fiscales

El primer ministro, Alberto Otárola, anunció que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se reunirá con la Junta de Fiscales Supremos para tratar sobre el DL 1605. Reconoció que ellos pueden tomar las acciones que consideren, pero dijo que la norma ha respetado el derecho constitucional de que el fiscal es el titular de la investigación y acusación.