El Poder Judicial reprogramó la audiencia contra Pedro Castillo que tenía como propósito evaluar la nueva solicitud del cese de prisión preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
La solicitud de su defensa responde a que debían estar presentes en las audiencia de habeas corpus planteada ante el Tribunal Constitucional que también se llevó a cabo este lunes. Ante el pedido, ni la fiscalía, ni la procuraduría se mostraron en contra.
La audiencia que reprogramó el Poder Judicial se realizaría mediante Google Meet, con la presencia virtual obligatoria del representante del Ministerio Público, del imputado Pedro Castillo y su abogado defensor.
Es importante señalar que el exmandatario cumple actualmente con la prisión preventiva en el penal de Barbadillo desde diciembre de 2022 por el proceso en su contra por el delito de rebelión, y adicionalmente se dictó en su contra una segunda prisión preventiva en la investigación por organización criminal.
Pedro Castillo, investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado. Por ello, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria dictó 18 meses de prisión preventiva
Expresidente Pedro Castillo. Foto: composición LR/Gerson Cardoso
La hipótesis de la Fiscalía se marca en el mensaje de la Nación que dio, el pasado 7 de diciembre, el expresidente al anunciar el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial. Además, se argumentó que Castillo para lograr su cometido se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, y le pidió que intervenga el Congreso y proceda con la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Por su parte, la defensa pública de Pedro Castillo indicó que su patrocinado no llegó a cometer el delito de rebelión, debido a que no se alzó en armas. Asimismo, expuso que no existe peligro de fuga, puesto que el ahora investigado no trató de fugarse del país.
Mediante una Resolución Suprema, el Poder Judicial ordenó el miércoles 15 de noviembre levantar el secreto bancario del vacado expresidente Pedro Castillo Terrones y de sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. A los involucrados se les investiga por presuntos actos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Castillo Terrones durante el 2021 y 2022.
En este contexto, las empresas de telefonía deben informar las llamadas y mensajes de texto generados del 12 de abril del 2021 al 31 de diciembre del 2022.