Abren investigación a fiscal Richard Rojas que tiene a cargo investigaciones contra Dina Boluarte

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, encabezada por Juan Fernández Jerí, quien recibió cuestionamientos de la Contraloría por el nombramiento irregular en su puesto debido a documentación incorrecta, ha iniciado una investigación preliminar por una presunta infracción administrativa contra el fiscal Richard Rojas. Este fiscal se mantiene a cargo de la unidad Lavado de Activos y está como encargado de la investigación relacionada con la presidenta Dina Boluarte por la presunta recepción de aportes ilícitos para Perú Libre durante la campaña electoral de 2021.

Asimismo, la abogada Augusta Marcolina Arcela Ynfante, fiscal Adjunta Provincial del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos Activos, también está siendo investigada.

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El fiscal Rojas está siendo investigado por "proporcionar información falsa para justificar su ausencia en la visita de control funcional-permanencia" realizada el 18 de agosto de este año. Cabe recalcar que en el documento se especifica que Rojas envió su justificación por esta ausencia el 21 de agosto, cuando alegaba estar ocupado en una diligencia urgente en el momento de la visita. Finalmente, la entidad informó que procederá a revisar el registro de quejas y denuncias en contra de ambos fiscales implicados.

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¿Investigación u hostigamiento?

Es importante recalcar que el despacho de Richard Rojas es el encargado de las investigaciones por el delito de lavado de activos contra Dina Boluarte, Vladimir Cerrón Rojas y otros miembros de Perú Libre, acusados de recibir aportes ilícitos para su partido político durante la campaña electoral de 2021.

Coincidentemente, el último lunes se reveló que la Fiscalía encargada de investigar los casos relacionados con la presidenta Dina Boluarte se ha quedado sin personal operativo para trabajar. Esto ocurrió después de que los asistentes renunciaran debido a la falta de aprobación en la mejora de sus salarios, solicitud que venía desde principios de año.

Sumado a esto, según un informe de El Comercio, Rojas pasó más de tres meses, desde el 21 de agosto hasta el 9 de septiembre, solicitando a la Oficina de Programación, dirigida por Patricia Benavides, que se disponga la renovación de los contratos de 14 prestadores de servicios administrativos. Hasta ese momento, el despacho contaba solo con cuatro trabajadores administrativos que apoyaban a los fiscales en el proceso de ordenamiento documental. Sin embargo, la Oficina de Programación ha detallado que no cuenta con el presupuesto suficiente para acceder a esa solicitud.

Todo parecería indicar que se están produciendo casos de hostigamiento contra las principales fiscalías y sus operarios a cargo de las investigaciones contra la actual mandataria.