Congreso: Alejandro Soto asegura que tiene "legitimidad para desempeñar la función pública", pese a denuncias

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se pronunció tras el anuncio de los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria de iniciar las investigaciones en su contra ante las denuncias que fueron expuestas recientemente en los diversos medios de comunicación. En ese sentido, el titular de la Mesa Directiva aseguró que "no ha cometido ningún delito" y que, por lo tanto, tiene "legitimidad para desempeñar la función pública".

"Soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que no he cometido ningún delito, que no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal", declaró Soto en el canal del Congreso.

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Asimismo, pidió a las autoridades del Poder Legislativo respetar las resoluciones del Poder Judicial y revisar el documento de Registro de Deudores por Reparaciones Civiles (Redereci) para verificar si es deudor o si cuenta con antecedentes penales.

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"Lo que sí quiero invocar a los congresistas es lo siguiente: tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado. Si el Poder Judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento", manifestó.

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Denuncias de Alejandro Soto

El primer caso de Alejandro Soto se trata de los procesos judiciales abiertos que acumula en su contra. Ante ello, él informó que no tiene ninguno y que el Poder Judicial así lo señala. Otra de las denuncias del titular de la Mesa Directiva es por la contratación de su cuñada como trabajadora de su despacho congresal en el 2021. Tras ello, Soto indicó que conoció a la madre de su hijo después de tener un vínculo laboral con Yeshira Peralta, hermana de su expareja.

Otro de los cuestionamientos contra Soto es la presentación de una declaración jurada en la que precisa que no cuenta con deudas por concepto de reparación civil; sin embargo, según la información expuesta en 'Panorama', en el 2016 el Quinto Juzgado Civil de Cusco le ordenó la entrega de S/10.000 por el delito de difamación, pero esa cantidad de dinero no fue cancelada hasta el año en el que fue candidato parlamentario.

Otro caso está vinculado con un proyecto denominado ley Soto, que él respaldó tras el debate de la iniciativa en el pleno del Parlamento. Esta norma permitió al congresista acogerse a la prescripción de una denuncia en su contra.

El último caso son los chats de sus trabajadores, los cuales fueron divulgadas en los medios y revelan el pago mensual de publicidad a su favor en redes sociales, además la eliminación de comentarios y las coordinaciones que realizaban para atacar a otros legisladores y defenderlo.