Congreso: SAC evalúa este martes 14 denuncia constitucional contra Dina Boluarte

Este martes 14 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatirá el informe de calificación que fundamenta la denuncia constitucional contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y que propone declarar procedente dicho recurso por haber ejercido como presidenta y representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya asumía funciones como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La denuncia fue presentada por la congresista Norma Yarrow, de Avanza País, que es apoyada por los legisladores de su bancada, por la presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú. También se incluyen los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

El grupo de trabajo presidido por la parlamentaria Rosío Torres, de Alianza para el Progreso, reprogramó esta sesión para debatir el informe contra Dina Boluarte para este martes 14 de junio a las 8.00 a. m.

Informe de Contraloría motivó la denuncia constitucional

El 20 de mayo, la Contraloría General de la República remitió un informe al Congreso donde dio cuenta sobre una presunta infracción constitucional cometida por parte de la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. El documento también fue enviado a la integrante del Ejecutivo.

El informe advierte una presunta infracción del artículo n.° 126 de la Constitución Política del Perú, el cual señala lo siguiente: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

En concreto, se acusa a Dina Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ostentaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esto representaría una presunta infracción a la Constitución por realizar labores externas en el ámbito privado mientras era una funcionaria pública.