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Política

Pedro Castillo: PJ rechaza habeas corpus a favor del presidente, acusado por presunta traición a la patria

El Poder Judicial alegó que la acción de amparo se sustentó en “sospechas” de una posible pérdida de la libertad ambulatoria contra el jefe de Estado, Pedro Castillo.

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El presidente Pedro Castillo criticó la labor del Congreso en torno al proyecto de reforma constitucional para la elección de una asamblea constituyente. Foto: Antonio Melgarejo/La República.

El Décimo Juzgado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el pedido de habeas corpus a favor del presidente Pedro Castillo, formulada por la ciudadana Estela León Orozco, la cual solicitaba desestimar la denuncia por presunta traición a la patria contra el mandatario.

De acuerdo con la decisión del juez encargado, Iván Cabrera Giurisich, la acción de amparo se sustentó en “conjeturas, presunciones o en simples sospechas”. Por tal motivo, el Poder Judicial (PJ) falló en contra de la medida.

“En el presente caso, tenemos que los fundamentos en los que se sustenta la presente demanda no se encuentran referidos en forma directa y negativa a la libertad individual del ciudadano José Pedro Castillo Terrones, por cuanto lo que se cuestiona es la calificación y admisión de la denuncia formulada por los demandados, contra el favorecido ante el Congreso de la República, lo cual excede del ámbito de protección del habeas corpus”, se argumenta en la resolución.

Al respecto, la ciudadana Estela León planteó en su habeas corpus que, con la denuncia constitucional por el presunto delito de traición a la patria, el presidente de la República tiene “una gran posibilidad de perder su libertad ambulatoria”.

“Por opinión de José Pedro Castillo Terrones, en su calidad de presidente constitucional de la República del Perú, se pretende desaforar de su cargo con la intensión acusarlo por delito de traición a la patria, existiendo una gran posibilidad que pierda su libertad ambulatoria”, alegó en su demanda León Orozco.

El mandatario es investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por el presunto delito mencionado. Esto, debido a las declaraciones que brindó a un programa periodístico, en el que señaló que sometería a consulta popular el acceso al mar a Bolivia.