Funcionarios del Servicio Diplomático se pronuncian sobre caso Vacunagate

El consejo directivo de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático (AFSDP) se pronunció por el caso Vacunagate y señaló que las acciones que cometieron los exrepresentantes del Estado ”no responden a una conducta institucional del Servicio Diplomático de la República”.

La revelación periodística involucra a personas, como altos mandos del Ejecutivo y de la Cancillería, que se aprovecharon de sus cargos para recibir de manera irregular las dosis extras de la vacuna contra el nuevo coronavirus de Sinopharm, a pesar de no ser parte de los ensayos clínicos.

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Mediante un comunicado, la agrupación explicó que vela por el prestigio de su asociación y que las responsabilidades de los actos cometidos por ciertos representantes del Estado “recae única y exclusivamente en los mismos”.

“La AFSDP reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas y la preservación de los valores y principios que distinguen y prestigian al Servicio Diplomático de la República desde su fundación”, se lee en el documento, el cual ha sido suscrito por el embajador Elard Escala, presidente de la asociación.

También indicaron que el consejo directivo está atento al desarrollo de “las investigaciones iniciadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del debido proceso”.

El nuevo canciller Allan Wagner ordenó el retiro de ocho altos funcionarios de este sector por haber sido parte de la lista de los 487 personas que se inmunizaron de manera indebida con el producto del laboratorio chino.

El diplomático entró en reemplazo de Elizabeth Astete, quien renunció al cargo luego de aceptar que también recibió las dosis chinas, antes de que inicie el plan de vacunación a nivel nacional contra el COVID-19, enfermedad que provoca la muerte de cientos de peruanos cada día.

Tribunal de Honor también se pronuncia

A través de un comunicado, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a las autoridades a que le den celeridad a las investigaciones por el caso Vacunagate, en el que distintos funcionarios públicos se aplicaron la vacuna de Sinopharm de manera irregular.

“Reconocemos el instinto de supervivencia que pudo motivar ese actuar, no obstante, en situaciones extremas de crisis sanitaria mundial como la actual, el miedo no puede prevalecer sobre la ética que debe caracterizar a todo servidor público en defensa del bien común. Llega a ser peor la inmoralidad, si a cambio de obtener la propia y pronta —pero indebida— vacunación, se descartó la compra de otras marcas de vacunas, tal vez más convenientes a los intereses del Perú”, señala el pronunciamiento.

El Tribunal de Honor también remarcó que, si bien es cierto que la investigación sobre este caso no les corresponde a ellos, como colegiado ético instan a las autoridades a actuar con rapidez. “También instamos a los ciudadanos peruanos a castigar a los culpables con una severa sanción social y política, por inmorales”, indica el comunicado.

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