Comisión de Ética recomienda declarar improcedente denuncia contra Manuel Merino
Informe técnico sostuvo que denuncia contra titular del Parlamento no procede debido a que los hechos “fueron aparentemente por familiares”.
La Comisión de Ética recomendó declarar improcedente una denuncia presentada contra el actual presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, por tener familiares que contrataron con el Estado peruano por más de S/ 200 mil, pese a que la ley de contrataciones lo prohíbe.
Fue mediante un informe elaborado por la secretaria técnica de la comisión que se propuso anular la investigación contra Merino luego de conocerse que sus hermanos y madre facturaron contratos con el Estado cuando él aún era congresista entre el 2011 y 2016.
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Es así que dicho documento sostiene que la denuncia contiene “hechos no realizados por el congresista denunciado, sino aparentemente por familiares”. Seguidamente el informe señala que la Comisión de Ética “no tiene competencia para pronunciarse sobre los mismos”.
Anteriormente, ya hubo una denuncia similar presentado en el 2014 la cual fue archivada. Esta aseguraba que no se podrá interponer “sucesiva o simultáneamente una sanción por el mismo hecho en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento”.
“En consecuencia, de la evaluación de la denuncia periodística y los descargos presentados, se puede concluir que no se ha infringido ninguno de los principios éticos contenidos en el código y desarrollados en el reglamento, ni los deberes de conducta establecidos en el artículo 4 del código”, señala el informe.
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La ley de contrataciones del Estado establece los lineamientos que deben observar las entidades del sector público en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realicen.
Entre las disposiciones se estipula que la familia directa de un funcionario público está impedido de ser proveedor del Estado.
En el 2011, Manuel Merino de Lama fue elegido por segunda vez congresista como representante de Tumbes bajo las filas de Acción Popular. De acuerdo a un reportaje de Punto Final, los contratos entre el Estado y la familia del congresista de Acción Popular se suscribieron cuando Manuel Merino fue parlamentario entre 2011 a 2016.
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Sobre ello, Merino dijo que su caso no sería visto en la Comisión de Ética del Parlamento. No obstante, se someterá “a todas las investigaciones correspondientes”.
“El caso mío no corresponde a la Comisión de Ética. Nosotros fuimos investigados y sometidos a una investigación. Ese tema (sobre contratación de familiares por más 200 mil soles) es un refrito que se ha pretendido poner en un contexto de corrupción”, declaró el pasado junio en RPP.
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