La Comisión de Educación del Congreso, presidida por Luis Reymundo Dioses Guzmán (Somos Perú), grupo que tiene entre sus objetivos buscar priorizar los temas de mayor impacto en la calidad educativa del país, está compuesto por 5 parlamentarios que egresaron de universidades cuyo licenciamiento fue denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).
De acuerdo a Cuarto Poder, Marco Pichilingue (Fuerza Popular) tiene estudios de Administración de Empresas por la Universidad Telesup; Gilbert Alonzo (Fuerza Popular) cursó estudios de Ciencias Sociales por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la misma alma máter de Julio Condori Flores (Alianza Para el Progreso), quien estudió Economía y Contabilidad, todos los centros de estudios mencionados no cuentan con autorización de licenciamiento.
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De igual forma, Jorge Pérez Flores (Somos Perú) estudió para químico farmacéutico por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y médico por la Universidad de Chiclayo, ambas instituciones fueron no cuentan con la aprobación de la que Sunedu. María Gallardo (Podemos Perú) es abogada por la Universidad de Chiclayo, centro que se une a la lista de universidades que no tienen la aprobación del máximo ente que defiende la reforma universitaria.
Como se recuerda, desde su instalación, la Comisión de Educación centró sus discusiones en el trabajo de la Sunedu. Su titular, Luis Dioses, postuló la creación del Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (CONAU), organismo que revisaría las decisiones de la Sunedu. No obstante, antes las críticas, el parlamentario de Somos Perú retiró su iniciativa.
“Imagínese a una reguladora como Osiptel o Sunass [regulador del agua potable] con una segunda instancia fuera de la entidad (...) estos son asuntos que se deciden de manera técnica, no puede la presión política o mediática interferir en este tipo de decisiones”, comentó Joseph Dager al medio previamente citado.
El último viernes 31, el Pleno del Congreso aprobó la moción propuesta por Acción Popular y determinó interpelar al ministro de educación, Martín Benavides, no por su actuación en la administración del portafolio, sino por su trabajo cuando se desempeñó como jefe de Sunedu.
La moción fue sustentada por Walter Rivera (Acción Popular), quien alegó que el proceso de licenciamiento de las filiales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Peruano Alemana (UPAL) no cumplieron con los requisitos exigidos por ley.
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