Graña y Montero desiste en demanda contra el Estado por el Gasoducto Sur Peruano

Reculó. La constructora peruana Graña y Montero S.A.A. desistió de continuar con la demanda de arbitraje que interpuso contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Peruano del Sur.

En una misiva, la empresa —que es a la fecha investigada por el caso Club de la Construcción— comunicó su decisión de solicitar un arbitraje por la obra cuya licitación, en consorcio con Odebrecht, obtuvo durante el gobierno de Ollanta Humala.

La carta fue enviada por el gerente general corporativo de Graña y Montero S.A.A, Luis Díaz Olivero, y fue dirigida a Verónica Lavista, consejera Legal CIADI.

La firma peruana apeló al “Reglamento de Iniciación” del CIADI para desistir en su demanda por el Gasoducto Sur Peruano.

“Le escribimos en representación de Graña y Montero S.A.A. para notificar que, por el presente acto y al amparo de la Regla 8 del Reglamento de Iniciación, Graña y Montero S.A.A. retira y desiste de la solicitud de arbitraje que, en ejercicio de los derechos de Gasoducto Sur Peruano, S.A., presentó frente a la República del Perú el 17 de octubre de 2019. Les agradecemos los servicios de la Secretaría General en el transcurso del caso y nos ponemos a su disposición si tienen cualquier pregunta o comentario”, señala la carta.

Graña y Montero intentó querellar al Estado peruano por el perjuicio que le habría ocasionado la resolución del contrato del Gasoducto Sur Peruano en enero de 2017.

La empresa peruana se unió en febrero de 2013 a Odebrecht y a la española Enagas para construir el Gasoducto Sur Peruano. Por esta obra, la firma brasileña tenía el 55% del proyecto, mientras que Enagas el 25% y Graña y Montero 20%.

Vale indicar que el Estado optó por rescindir el contrato de la concesión debido a la incapacidad del consorcio Graña y Montero-Odebrecht-Enagas de conseguir los fondos para financiar la obra, que se sumó también al contexto del escándalo de corrupción ocasionado por el pago de sobornos para la adjudicación de obras públicas.

Enagas y Graña y Montero señalan que la empresa ni sus directivos tenían conocimiento de los tratos ilícitos que habría realizado Odebrecht para adjudicarse esta obra y en eso sustentan su reclamo para que la controversia se resuelva por arbitraje.

La constructora Graña y Montero cifra sus pérdidas económicas en 300 millones de dólares.