Mujeres: emergencia sin respuesta

El Gobierno está obligado a priorizar la agenda de las mujeres. Se trata de una emergencia nacional. El Ejecutivo debe liderar un pacto nacional de tres puntos: cumplir las normas vigentes con el presupuesto adecuado, apostar por una justicia especializada y mejorar las normas que aún no protegen.,Escribe: Indira Huilca (*) (*) Congresita Cada día la prensa y las redes sociales reportan casos de mujeres violentadas física, psicológica y sexualmente. ¿Cuáles es la responsabilidad estatal frente a esta situación? El presidente Vizcarra pidió que “cese la impunidad” pero la Ley 30364, nueva norma marco contra la violencia hacia mujeres y grupo familiar, vigente desde 2015 es aún una promesa, cuando es responsabilidad del Poder Ejecutivo cumplirla. Por ejemplo, aún no se hace realidad una de sus principales prescripciones: la especialización policial para procesar estas denuncias. Mientras tanto, las mujeres que denuncian son asesinadas porque las medidas de protección policial no se ejecutan. Tampoco los medios de comunicación cumplen la franja para mensajes masivos contra la violencia, prevista en la ley, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no actúa. Como no actúa el Ministerio de Salud, que ya debió actualizar las guías sanitarias para la atención primaria a víctimas de violencia de género. Como tampoco actúan el Ministerio de Defensa y el del Interior, que no tienen un protocolo de retiro de armas para integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales denunciados por violencia. Desde hace dos años los gobiernos subnacionales tienen obligación de implementar hogares de refugio y servicios de acompañamiento para víctimas, pero su avance es insuficiente. El Poder Judicial y el Ministerio Público reclaman presupuesto adicional para responder a los cambios procesales que trajo la Ley 30364, (atender denuncias las 24 horas y dar medidas de protección en 72 horas), pero el Ejecutivo y el Congreso no atiende ese pedido. Vivimos además una indolencia que no se justifica por la falta de recursos y se expresa en que no se procesen los feminicidios como tales y en que se acepten confesiones nada sinceras que terminan en la rebaja de las penas a agresores sexuales, cuando no en su absolución. Se necesita un sistema de justicia con enfoque de género, con personas que valoren el testimonio de las mujeres y que no resuelvan a partir de sus prejuicios, que entiendan el “no” de una mujer siempre es ‘no’. En el Congreso el escenario no es mejor. En 22 meses de funcionamiento solo se aprobaron cuatro leyes en la materia: dos vigentes (modificación de beneficios penitenciarios y penas efectivas en casos de agresiones) y dos a promulgarse (mejoras a la Ley 30364 y a los tipos penales de agresiones, lesiones y feminicidio, aprobadas tras 6 meses de espera). La Presidencia del Congreso ignora los pedidos de convocar a un Pleno Mujer, sesión para debatir solo normas referidas a los derechos de la mitad de la población peruana. Sin presupuesto no hay derechos garantizados y sin voluntad política los cambios no se concretan. El Gobierno está obligado a priorizar la agenda de las mujeres. Se trata de una emergencia nacional. El Ejecutivo debe liderar un pacto nacional de tres puntos: cumplir las normas vigentes con el presupuesto adecuado, apostar por una justicia especializada y mejorar las normas que aún no protegen. Hay demasiado en juego. Por las que ya no están y las que quedamos. #NiUnaMenos