Injusticias electorales: las “observaciones” a la segunda vuelta

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

El último sábado participé en un coloquio convocado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la segunda vuelta y el constitucionalismo. Aquí resumo algunas de las ideas que compartí: la segunda vuelta no reporta mayor legitimidad ni mayor consenso para el ganador. Al contrario, al menos en el escenario peruano de los últimos procesos, exhibe un peligroso campo de polarización e injusticias que las elecciones no logran resolver.

Una elección es justa cuando todos los candidatos compiten en condiciones equivalentes de acceso a la deliberación pública, cuando los electores reciben información veraz y equilibrada, y cuando el resultado expresa preferencias auténticas y no miedos inducidos. Medida con esos criterios, la segunda vuelta peruana —especialmente las de 2021 y 2026— no supera el examen: es, antes bien, la plataforma donde esos problemas escalan.

El campo de juego desigual

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), en su declaración preliminar del último 9 de junio, lo documentó con preocupante claridad: los medios estatales mantuvieron una cobertura "neutral y equilibrada, mientras que la de la mayoría de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú". Según documentaron, diarios como El Comercio, Perú21, Correo y Trome dedicaron más del doble de espacio a Sánchez que a su rival, predominantemente con tono negativo. Se difundieron asociaciones con el terrorismo, la minería ilegal, el financiamiento irregular y figuras políticas controvertidas. La incidencia de aquella campaña demoledora caló con mayor fuerza en los centros urbanos y, sobre todo, en Lima.

Una elección en la que los medios de mayor circulación alinean sistemáticamente su cobertura en una sola dirección no es una elección libre en sentido sustantivo. Puede serlo en sentido formal —nadie prohíbe votar—, pero la libertad de elección no se satisface con la libertad de marcar una cédula: requiere que ese voto esté informado. La MOE UE lo formuló con precisión: esa cobertura desequilibrada socavó "el derecho al voto informado". La injusticia no estaba en las urnas, sino en las estructuras del poder de las comunicaciones.

El racismo como arma electoral

La segunda vuelta no solo desnudó la asimetría mediática. Activó, con una eficacia perturbadora, los males estructurales que el Perú arrastra sin haberse atrevido a confrontarlos. La MOE UE documenta que "los casos de racismo y discriminación por motivos de género, origen étnico y clase social, presentes en el discurso de ambas partes, no encontraron respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes". El discurso hostil, precisa el informe, "fue dirigido principalmente contra la fórmula presidencial de Juntos por el Perú".

No es la primera vez. En 2021, el informe final de la MEE UE registraba que el 43% de los anuncios activos en redes sociales el día del ballotage contenían mensajes de miedo sobre el comunismo o la amenaza de una catástrofe económica si se votaba en contra del establishment. El terruqueo —asociación del candidato andino con el terrorismo— no es espontaneidad de las redes: es una estrategia probada y refinada en cada ciclo electoral.

Lo que la segunda vuelta hace es proveer el escenario óptimo para esa estrategia. La radicalización obligatoria entre dos polos amplifica los mecanismos de exclusión que en una primera vuelta más fragmentada tendrían menos oxígeno. El miedo es más eficaz cuando solo hay dos opciones.

El establishment y la trampa de la segunda vuelta

El politólogo Arend Lijphart sostenía que los sistemas que fuerzan consenso producen democracias más estables y legítimas ('Modelos de democracia', Yale, 1999). La segunda vuelta fue pensada como mecanismo de búsqueda del centro: obligaría al ganador a ampliar su coalición y sumar a quienes no lo eligieron en primera instancia. La realidad peruana invierte esa promesa: la segunda vuelta ha sido el escenario en que el poder establecido —concentrado en los medios capitalinos, en los gremios empresariales, en sectores políticos instalados en el Congreso— ha encontrado su instrumento más eficaz de veto ante cualquier candidato que cuestione el orden vigente.

Lo que llaman "estabilidad" u "orden" es, en realidad, la continuidad de un modelo de exclusión y centralismo. Y lo que llaman "comunismo" o "caos" suele ser la irrupción de una representación política del interior que Lima no controla ni comprende, y que exige desde hace tiempo cambios en las políticas que la excluyen.

Buscando alternativas

No se trata de suprimir la segunda vuelta. Se trata de reformarla para que deje de ser un mecanismo que premia la demolición del adversario por encima del debate de ideas. Dos correcciones son urgentes:

La primera: ningún candidato debería poder acceder al ballotage con menos del 20% de los votos válidos. La fragmentación extrema de la primera vuelta —que en 2021 permitió a Castillo pasar con el 19% y a Fujimori con el 13%— convierte la segunda vuelta en el duelo entre dos minorías que el sistema infla artificialmente hasta la mitad del electorado.

La segunda: recuperar la sabiduría de la propia Constitución de 1979, que para las elecciones de 1980 establecía que podían ser proclamados vencedores los candidatos que alcanzaran "la votación más alta, siempre que esta no sea inferior al treinta y seis por ciento del total de votos válidos". Un tercio del electorado en primera vuelta como condición suficiente de gobierno. Esa fórmula reconocía algo que la teoría de la mayoría absoluta olvida: que la legitimidad no es un porcentaje, sino la capacidad de gobernar con un mandato auténtico.

El constitucionalismo, en su versión más exigente, es una promesa de igualdad real en la participación política. Mientras las condiciones materiales de la deliberación sigan siendo tan desiguales como lo documenta la MOE UE, la segunda vuelta seguirá siendo, entre nosotros, una estrategia para impedir cualquier intento de cambio del estatus quo.