La universidad y la crisis de la democracia

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

 Desde que Seymour Martin Lipset formuló en 1959 su hipótesis sobre las condiciones sociales de la democracia, la investigación comparada ha acumulado evidencia en la misma dirección: la democracia es más resistente donde la educación ha alcanzado niveles altos de desarrollo. No se trata de una correlación superficial. Edward Glaeser y sus colaboradores demostraron, con metodología econométrica rigurosa y datos de largo plazo, que el capital humano —la educación, las habilidades cognitivas, la capacidad lectora— es una fuente de crecimiento más importante que las propias instituciones políticas: los países no prosperan porque tienen buenas instituciones, sino que construyen buenas instituciones porque primero acumularon capital humano ('Do Institutions Cause Growth?', Journal of Economic Growth, 2004). En un estudio de 2007, Glaeser amplió sus conclusiones: la escolarización eleva los beneficios de la participación cívica y sostiene regímenes de base amplia frente al autoritarismo; la educación no es consecuencia de la democracia sino su condición de posibilidad ('Why Does Democracy Need Education?', Journal of Economic Growth, 2007). El indicador de estabilidad democrática más seguro no es el PBI, sino la inversión sostenida en educación, en investigación y en universidades capaces de formar ciudadanos con criterio crítico y capacidad de exigir rendición de cuentas.

En medio de la crisis que atraviesa el sistema democrático, vale la pena preguntarse: ¿por qué insistimos en un modelo en el que la educación es una mercancía, con estándares de calidad para quienes pueden pagarla y en estado deplorable para los más pobres? ¿Acaso no estamos ampliando las brechas de desigualdad que separan, desde temprana edad, a quienes dominan el inglés y tienen acceso a mejores fuentes de información de quienes no pueden acceder a ninguna de las dos? Incluso cuando el Estado invierte en los escasos sistemas de becas implementados desde el gobierno de Humala, lo hace para financiar universidades privadas de dudoso prestigio antes que fortalecer universidades públicas que podrían multiplicar su oferta a nivel nacional. El Estado subsidia al mercado educativo en lugar de invertir en la universidad nacional. No es una anomalía administrativa: es la expresión más nítida de la ausencia de una política pública que apueste por la universidad pública como estrategia de desarrollo humano y social.

La única política que ha avanzado en los últimos años ha sido la eliminación de las llamadas 'trabas burocráticas', que en muchos casos constituyen los escasos estándares de control de calidad disponibles, como lo muestra el fracaso de la Sunedu. La universidad, convertida en centro de atracción para la inversión privada, ha generado redes de poder para controlar esos intereses. En torno a ella se han organizado no solo empresas y cadenas de servicios, sino también organizaciones políticas que buscan influir en los espacios donde se decide su vida institucional. Esta es la explicación del fracaso de la Sunedu, hoy controlada por las propias universidades privadas. Antes que la universidad logre impactar en las políticas públicas, la política, en su peor expresión, ha penetrado en su estructura vital.

El abandono de la universidad pública tiene su explicación en la promoción sin límites de la inversión privada en educación superior. Los datos son elocuentes: el gasto educativo peruano representa el 3,97% del PBI, por debajo del promedio mundial (4,18%) y muy lejos de Finlandia (5,69%), Costa Rica (6,28%) o el Reino Unido (5,33%). El mandato legal del 6% establecido por la Ley General de Educación lleva años incumplido. Más grave aún: el sector devuelve al Tesoro entre el 8% y el 12% de su presupuesto cada año, lo que revela que el problema no es solo de recursos sino de capacidad institucional. Mientras tanto, en Alemania estudiar cuesta al estudiante universitario 50 euros por semestre; en Francia, 189 euros anuales; en Noruega, 22 euros semestrales. En Perú, la pensión mínima en una universidad privada de calidad supera los S/1.500 mensuales. Una familia de ingresos medios puede destinar entre el 40% y el 100% de su ingreso a los estudios de un hijo. El resultado lo certifica la OCDE: el 49% de los peruanos entre 25 y 34 años no completó la educación secundaria superior, frente al 13% en el promedio de sus países miembros.

En los últimos días se movilizaron los estudiantes de las dos universidades más importantes del país. En San Marcos exigían respeto a la autonomía universitaria frente a un proyecto de ley que pretendía imponer la reelección de su rectora; en la PUCP protestaban porque las autoridades aprobaron una nueva escala de pensiones que duplicaba el costo para los estudiantes de menor ingreso. Aparentemente, dos plataformas sin conexión. Sin embargo, ambas tienen en común que son estudiantes que se enfrentan a autoridades sin horizonte claro para la universidad. En las privadas, la política universitaria la impone el mercado: cuando los estudiantes no financian los costos, las áreas financieras recortan las escalas más bajas. En la pública, la asfixia presupuestal somete a las autoridades a lo que la política de turno dictamine, con los riesgos que ello supone para la autonomía universitaria, como lo ha evidenciado la gestión reciente en San Marcos.

En las próximas semanas elegiremos a un nuevo gobierno para el país. La universidad pública debería estar en la agenda de las prioridades: no solo para reconstruir las instituciones democráticas y refundar la república, sino porque, como advierten Lipset y Glaeser, sin inversión sostenida en educación, la tentación autoritaria seguirá atravesándose en los caminos del país. Sin universidad pública fuerte, seguiremos padeciendo estos tiempos de mediocridad y de poderes despóticos en todos los espacios, incluida la propia universidad.