Perú: ¿dos mitades o una crisis de representación?, por Luis Favre

El editorial de La República (que reproduje este miércoles) sobre la elección presidencial peruana parte de una constatación aparentemente evidente: el país estaría dividido prácticamente por la mitad y quien gane la segunda vuelta tendrá la obligación de gobernar para todos. La conclusión es correcta en el plano institucional. Cualquier presidente elegido debe gobernar para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que votaron en su contra. Pero la imagen de un país dividido en dos mitades quizás sea por sí sola insuficiente para comprender la profundidad de la crisis peruana.

Antes que nada, es preciso señalar que, en el momento en que escribo estas líneas, el resultado aún no ha sido proclamado oficialmente. El conteo continúa, la diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori es mínima y los votos aún pendientes, incluidos los del exterior y las actas bajo revisión, pueden ser decisivos. Por lo tanto, no se trata aquí de comentar una victoria ya consolidada, sino de analizar el significado político de una elección que, sea cual sea el vencedor final, revela algo más grave que una simple división electoral.

La idea de un país dividido por la mitad supone la existencia de dos fuerzas políticas arraigadas, cada una representando una parte significativa y relativamente coherente de la sociedad. Pero los números de la primera vuelta muestran otra cosa. La elección presidencial peruana de 2026 tuvo 36 candidatos. Keiko Fujimori llegó en primer lugar con poco más del 17% de los votos válidos. Roberto Sánchez llegó en segundo con el 12%. Sumados, los dos finalistas reunieron apenas el 29% de los votos válidos. Más del 70% de los electores que votaron válidamente eligieron a otros candidatos.

Este dato cambia completamente la interpretación política de la segunda vuelta. No estamos ante dos mitades orgánicas del país. Estamos ante dos minorías electorales que lograron sobrevivir a la extrema fragmentación del sistema político.

La comparación con 2011 ayuda a medir el cambio. Ese año, Ollanta Humala ganó la primera vuelta con más del 31% de los votos válidos. Keiko Fujimori quedó en segundo lugar con poco más del 23%. Juntos, los dos finalistas sumaban el 55% de los votos incluso antes de la segunda vuelta. En el balotaje, Humala venció con el 51,449% frente al 48,551% de Keiko. La contienda fue ajustada, pero ambos candidatos habían llegado desde la primera vuelta con una base electoral real, significativa y reconocible a nivel nacional.

En 2026, la situación es distinta. Keiko sigue siendo una figura central de la política peruana, pero llegó a la segunda vuelta con poco más del 17%. Sánchez, que hasta hace pocos meses era un personaje mucho menos conocido a nivel nacional, llegó con poco más del 12%. La distancia entre 2011 y 2026 no es solo matemática. Es política. En 2011 había polarización entre dos fuerzas importantes. En 2026 hay fragmentación, desconfianza y descomposición de la representación.

También es simplificador presentar esta elección como una disputa clásica entre derecha e izquierda. Estas etiquetas son inútiles para entender la situación actual. La derecha y la extrema derecha tampoco llegaron unificadas a la primera vuelta. Keiko Fujimori compitió con Rafael López Aliaga, Jorge Montoya y otras expresiones conservadoras, autoritarias, empresariales o populistas de derecha. Muchas reivindicaban el modelo Bukele de El Salvador. También hubo candidaturas de centroderecha, candidatos personalistas, empresarios, exalcaldes, figuras mediáticas y representantes de partidos que funcionan más como débiles maquinarias electorales que como organizaciones políticas con vida social real.

En el campo identificado con la etiqueta de izquierda, centroizquierda, nacional-popular, indigenista, castillista o reformista, la dispersión fue aún mayor. Roberto Sánchez no fue el candidato natural de una izquierda peruana unificada. Esa izquierda, si todavía puede usarse la palabra en singular, aparece como un conglomerado fragmentado, ideológicamente confuso, atravesado por oportunismos, personalismos y profundas contradicciones. Diversos candidatos reivindicaban algún tipo de identidad popular, progresista, nacionalista o de izquierda, pero ninguno logró transformar ese campo en una fuerza organizada y coherente.

Por eso Sánchez debe ser analizado con cuidado. No representa simplemente a “la izquierda”. Representa una convergencia circunstancial de rechazos, resentimientos territoriales, fidelidades castillistas, demandas regionales legítimas y alianzas heterogéneas. Su candidatura se apoyó en el malestar del interior andino y amazónico frente a Lima, en el sentimiento de abandono de regiones que desde hace décadas se perciben excluidas de la decisión nacional, en la memoria reciente de Pedro Castillo y, sobre todo, en el voto de rechazo a Keiko Fujimori.

Esto también había ocurrido cuando Pedro Castillo ganó la elección en 2021.

Sánchez nació en Huaral, es psicólogo formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios en políticas sociales y construyó su trayectoria en la gestión pública antes de llegar al Congreso. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Pedro Castillo y permaneció en el cargo durante toda la corta y turbulenta experiencia castillista, atravesando sucesivos cambios de gabinete. Esa continuidad lo convirtió en una de las figuras más identificadas con el expresidente destituido.

Pedro Castillo, por su parte, sigue siendo un símbolo contradictorio. Para sectores populares del interior, permanece asociado a la revancha de un Perú rural, pobre y despreciado por las élites limeñas. Pero su gobierno terminó en desastre, con un intento de ruptura institucional en diciembre de 2022, su destitución, su encarcelamiento y procesos vinculados también a denuncias de corrupción. La transferencia de parte de ese capital político hacia Sánchez no significa adhesión a un programa sólido. Significa, más bien, la persistencia de una herida política abierta entre Lima y el interior.

Hay además un elemento que impide cualquier lectura cómoda del campo de Sánchez como “izquierda democrática”. Entre sus apoyos aparece Antauro Humala, figura reveladora de la confusión ideológica peruana. Antauro participó, junto con Ollanta Humala, en el levantamiento de Locumba en el año 2000 contra el régimen de Alberto Fujimori. Más tarde, en 2005, lideró la rebelión de Andahuaylas contra el gobierno de Alejandro Toledo, episodio que terminó con muertos y prisión. Su trayectoria posterior consolidó un discurso ultranacionalista, autoritario, etnicista, homofóbico y profundamente alejado de la tradición democrática de la izquierda latinoamericana. La presencia de figuras de este tipo en el entorno político de Sánchez muestra que no se trata de un bloque progresista homogéneo, sino de una coalición contradictoria, formada bajo presión electoral y sobre la base de rechazos comunes.

Keiko Fujimori tampoco representa simplemente “la otra mitad” del Perú. Ella es la heredera del fujimorismo, hija de Alberto Fujimori, figura asociada simultáneamente, por distintos sectores de la sociedad peruana, con la derrota de Sendero Luminoso, la estabilización económica, el autoritarismo, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Keiko fue primera dama siendo muy joven, se convirtió en congresista, construyó el partido Fuerza Popular y disputó sucesivamente las elecciones presidenciales de 2011, 2016, 2021 y ahora 2026. Su fuerza es real. Pero su rechazo también es estructural. El antifujimorismo no es un detalle de la política peruana. Es una corriente transversal que reaparece siempre que Keiko se acerca al poder.

Por eso, una parte decisiva del voto por Sánchez debe entenderse como un voto contra Keiko. No necesariamente como un voto a favor de Sánchez. El elector que rechaza a Keiko puede hacerlo por razones democráticas, sociales, regionales, antifujimoristas, anticorrupción o simplemente por miedo al retorno de una tradición política asociada al autoritarismo. Pero ese voto negativo no transforma automáticamente a Sánchez en representante orgánico de una mitad nacional.

Por desconocer e ignorar este hecho, Pedro Castillo terminó siendo fácilmente destituido después de haber intentado disolver el Parlamento.

La propia campaña de Sánchez lo confirma. Durante buena parte del proceso electoral, su candidatura permaneció limitada. Ya en la última semana de la segunda vuelta, buscó ampliar su base, procuró alianzas con sectores de centro y de izquierda y presentó una plataforma de gobierno más amplia, intentando aparecer como una alternativa viable ante electores que no provenían de su campo original. Ese movimiento fue políticamente importante. Pero también confirma que su candidatura no nació de una mayoría social organizada. Fue construyéndose sobre la marcha, en función de la segunda vuelta y de la necesidad de concentrar el voto antifujimorista.

El mapa electoral, naturalmente, refuerza una fractura real. Lima y parte de la costa votan de una manera. El interior andino y amazónico vota de otra. Esta división no es nueva. Apareció con fuerza en 2021, cuando Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori apoyado en el voto rural, andino y pobre. Reaparece ahora con Sánchez. Pero esta fractura territorial no debe confundirse con una división simple entre izquierda y derecha. Expresa desigualdades históricas, racismo social, centralismo, abandono estatal y una estructura de poder concentrada en Lima.

La capital peruana no es solo una ciudad. Es el centro político, financiero, mediático y simbólico del país. El Perú profundo, que con frecuencia decide las elecciones presidenciales, rara vez siente que gobierna. Vota, elige, derriba, protesta, pero sigue percibiendo que el Estado habla con acento limeño, decide desde Lima y organiza sus prioridades a partir de los intereses de las élites urbanas, empresariales y mediáticas.

Esa es una de las razones por las que el sistema político peruano vive una inestabilidad crónica. El país tuvo una sucesión impresionante de presidentes en poco más de una década, entre renuncias, destituciones, prisiones, investigaciones judiciales y enfrentamientos permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso. La Presidencia perdió autoridad. El Congreso perdió legitimidad. Los partidos perdieron organicidad. Los sindicatos ya no estructuran como antes la representación social. Gran parte de la prensa es vista por sectores populares como parte del bloque de poder limeño. Las instituciones existen, pero su capacidad para generar confianza está profundamente deteriorada.

El nuevo Congreso bicameral agrava esta situación. Incluso si Sánchez llega a ser proclamado vencedor, no habrá una mayoría parlamentaria correspondiente a su campo. Por el contrario, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la derecha y la extrema derecha aparecen con un peso predominante. Esto significa que un eventual gobierno de Sánchez nacería rodeado por un Parlamento hostil o, como mínimo, muy inclinado al bloqueo. Si Keiko gana, tendrá una base parlamentaria más favorable, pero seguirá gobernando sobre una sociedad que la resiste profundamente y en la que el antifujimorismo permanece vivo.

En ambos casos, la gobernabilidad será difícil. Pero la dificultad no proviene únicamente del estrecho margen de la segunda vuelta. Proviene de la naturaleza de la crisis peruana.

El Perú no está simplemente dividido en dos mitades. Está atravesado por una crisis de representación. La mayoría de la población no se reconoce en los partidos existentes. Los candidatos llegan a la segunda vuelta más por la dispersión de sus adversarios que por su propia fuerza. El rechazo pesa más que la adhesión. El miedo decide más que la esperanza. La geografía electoral revela el conflicto entre Lima y el interior, pero la crisis es aún más amplia: es una crisis del Estado, de los partidos, de las instituciones y de la legitimidad democrática.

Por eso, el próximo presidente o presidenta no recibirá de las urnas un mandato claro de transformación. Recibirá un mandato frágil, condicionado, precario, nacido de una elección en la que los dos finalistas representaron, en la primera vuelta, menos de un tercio de los votos válidos. Gobernar para todos, como pide La República, es necesario. Pero antes de eso será preciso reconocer la realidad: no existen dos mitades políticamente organizadas esperando una conciliación. Hay un país que vota, rechaza, desconfía y busca representación sin encontrarla.

Ese es el verdadero mensaje de la elección peruana. No la existencia de dos mitades, sino la dificultad de toda una nación para reconstruir una legitimidad política capaz de gobernar el Perú real.