La impunidad militar vuelve a tomar el Congreso

El Congreso ha vuelto a cerrar filas en defensa de la impunidad. Nuevamente, el pacto corrupto conformado por Fuerza Popular, Renovación Popular y sus aliados han decidido rechazar la reconsideración de la moción para interpelar al ministro de Defensa por la matanza de jóvenes que presuntamente habrían sido narcotraficantes en Huancavelica. Ello constituye claramente un blindaje a quienes hoy enfrentan serios cuestionamientos por aparentes ejecuciones extrajudiciales.

La negativa a fiscalizar políticamente a los responsables se inscribe en una ofensiva mucho más amplia orientada a consolidar nuevas barreras de protección jurídica para agentes estatales involucrados en graves violaciones de derechos humanos.

Hace apenas unos días, la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi aprobó un predictamen que pretende modificar el tratamiento penal de los delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal. Ante ello, el Instituto de Defensa Legal ha advertido que su verdadero propósito consiste en restringir la aplicación de esta figura penal y abrir nuevos márgenes de impunidad.

La congresista Ruth Luque ha denunciado que estas pretensiones de reformas normativas buscan restringir supuestos de aplicación reconocidos por el derecho internacional y podrían extender protección incluso sobre casos recientes, incluyendo violaciones ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte.

En ese contexto, lo ocurrido con Huancavelica adquiere una dimensión que los ciudadanos deben observar con claridad. El rechazo a interpelar al ministro de Defensa confirma que el Congreso no solo legisla para debilitar la persecución penal, sino que además se niega a ejercer control político frente a denuncias que comprometen la actuación letal del aparato estatal. Es el mismo parlamento que votó por blindar a Boluarte, a Merino y lo seguirá haciendo a quiénes les hayan servido con sometimiento a sus intereses particulares contrarios a los del pueblo.

El país ya conoce este libreto. Durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, la subordinación mutua entre poder político y sectores militares encontró expresión en pactos de silencio y protección recíproca. El llamado "Acta de Sujeción" sintetizó ese modelo autoritario.

Hoy el Perú observa señales inquietantemente similares. Huancavelica exige justicia. El Congreso ha decidido, otra vez, ponerse del lado contrario. Sin embargo, se equivocan, nuevamente, en que la historia y la justicia los juzgarán más temprano que tarde.