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Opinión

¿Puede ganar Keiko a la cuarta?, por Rosa María Palacios

"Fujimori tampoco ha deslindado con el fraudismo de manicomio de López Aliaga y sus trolls (¿le recordará el suyo de 2021?), que niega la existencia misma de electores pobres en áreas rurales. ¿Así los va a convencer?"

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¿Puede ganar Keiko a la cuarta?, por Rosa María Palacios | BRIAN

Roberto Sánchez tiene un plan económico desastroso. No hay un economista serio que respalde la derogatoria del capítulo económico de la Constitución de 1993, luego de que ese marco normativo ha logrado la más grande reducción de la pobreza de la historia republicana. Recordemos que el Perú tenía casi 60% de la población en pobreza en el 2004 y logró reducirla a menos de 20% en el 2019. Un motivo de orgullo que debería no ponerse en duda: que la disciplina fiscal (gastar lo que tienes), el crecimiento económico basado en la libertad de inversión y garantías de estabilidad (solo puedes redistribuir más cuando más recaudas y solo recaudas más cuando hay más crecimiento), y la correcta gestión y priorización del gasto son los pilares de una sana economía peruana. Si tu propuesta es espantar a la inversión privada (como hizo Pedro Castillo en el 2021) y tu crecimiento de inversión es cero, vas derecho a la recesión, como la que tuvimos brevemente en el 2023.

El Perú no puede crecer, ni sacar al actual 25% de pobres de ese estado, sin inversión privada. Puede crecer mínimamente y retrasar el progreso por décadas, tal como pasa hoy. Este quinquenio, donde el precio del oro y el cobre están volando, ha sido una oportunidad perdida para recuperar el daño de la pandemia y continuar en la ruta de la eliminación de la pobreza y, sobre todo, extirpar la pobreza extrema. Eso es posible, pero no con el plan económico de Sánchez que, bajo el artificio de conceptos como “soberanía”, lo estatiza todo en perjuicio de todos. Desconocer contratos y propiedad privada es destruir la inversión, que, mal que bien, se viene recuperando tímidamente.

Frente a un plan económico tan malo, cualquiera al frente, en una segunda vuelta, tendría la mesa servida para hacer docencia económica y política, y en consecuencia vencer. Hay, por supuesto, mucho que explicar y enormes desconfianzas que superar. ¿Qué está haciendo la ganadora de la primera vuelta, Keiko Fujimori, para saltar de ese 17% de voto válido al 50% + 1 que necesita para ganar? Aunque parezca increíble, ofrece un programa de expansión de gasto populista porque “presupuesto sobra”, como dijo esta semana en Loreto, para luego ofrecer una pensión universal para todos los adultos mayores, en un país donde el 80% de la PEA no aporta a ningún sistema. Asistencialismo clientelar puro y duro, como las viejas recetas de la izquierda peruana.

Sánchez tiene una curiosa ventaja. Todo lo catastrófico que propone para la economía no lo puede hacer. Con 13 senadores no haces una reforma constitucional para una asamblea constituyente que la mayoría del país no quiere. Su 10% de voto válido en primera vuelta así lo indica. Esa, aunque parezca contradictorio, es la razón por la que el voto de centro puede inclinarse por él. Aun sabiendo que el daño que puede hacerse desde el Ejecutivo, un presidente peruano hoy puede hacer solo lo que el Congreso le permite, incluyendo permanecer en el cargo. Con tan poca representación parlamentaria, Sánchez puede durar menos que Kuczynski (20 meses) o Castillo (16 meses). Ni siquiera los otros partidos de izquierda en el Congreso le tienen mucho afecto. “Inteligente y maquiavélico” es la descripción de Susel Paredes del personaje.

Fujimori y sus aliados reformaron la Constitución para destruir la institución presidencial, salvo en un caso: que puedas construir mayorías absolutas en el Congreso. Ella no las tiene, pero ha hecho entender una y otra vez que puede abusar del poder dentro de las alianzas que ha llegado a formar. Es decir, puede tenerlas y tener poderes absolutos. Su trabajo debería ser espantar esa posibilidad. Sin embargo, ¿qué hace? A 30 días de la segunda vuelta ha tenido un despliegue de poder abusivo que es suicida ante los ojos del electorado de centro. Sin mediar razón real, ni urgencia más allá de la venganza política, Fernando Rospigliosi organizó la segunda inhabilitación de Delia Espinoza. El presidente del Congreso, condenado por difamación contra ella, quiso que todo el Perú vea, en plena campaña, cuál es el talante democrático de Keiko Fujimori. Nos quedó clarísimo.

Lo peor de todo es la causa. Delia Espinoza, como fiscal de la Nación, tuvo que denunciar a 11 congresistas por tráfico de influencias en la gestión y aprobación de un proyecto de ley con nombre propio. Como es público, 4 militares y un policía jubilado son congresistas. Militares y policías reciben las pensiones más altas pagadas por el Estado peruano. Un general y un almirante reciben unos 11,500 soles (muy bien por ellos), pero si reingresaban a trabajar para el Estado, la ley les ponía un tope de 15,000 soles por remuneración. Si bien no había contratados en la administración pública quejándose, los 5 congresistas no querían ganar menos que sus colegas parlamentarios, encima de los 30,000 soles. Se aprobaron su ley y la indignación ciudadana se mostró en toda su fuerza electoral contra los “doble sueldos”. ¿Esto es lo que defiende Keiko Fujimori? Y encima, ¿defiende meter una norma de contrabando para impedir que la exfiscal sea la decana del Colegio de Abogados? ¿La van a definir las venganzas en su gobierno?

Cuando medio país salió a protestar en plena pandemia por la vacancia de Vizcarra en el 2020 o cuando lo volvió a hacer, con la tragedia de 50 muertos, en el 2022 y 2023, no lo hizo ni por Vizcarra ni por Castillo, como carismáticos líderes políticos. No lo son. El pueblo protestó contra el abuso de poder. ¿No se entiende? Durante todo el gobierno de Boluarte, el fujimorismo y sus aliados no han hecho otra cosa que acumular poder y abusar de este, una y otra vez, sin límites, para poner y sacar 8 presidentes en 10 años porque ese mismo pueblo cometió el delito de no escoger nunca a Keiko Fujimori. El único poder del Estado que no ha podido avasallar el fujimorismo y sus aliados es el Poder Judicial, pero Rospigliosi viene anunciando el plan: “Hay que barrerlo”.

Si tuvieran dos centímetros de frente, no le regalarían la elección a Roberto Sánchez. Aunque tengan la credibilidad quemada, un mínimo propósito de enmienda ayudaría. Pero la cabra tira para el monte. El abuso de poder es su consigna y su talón de Aquiles. No hay forma de aterrar a nadie con la economía (menos con un plan imposible de realizar) si no le garantizas siquiera su voto. Fujimori tampoco ha deslindado con el fraudismo de manicomio de López Aliaga y sus trolls (¿le recordará el suyo de 2021?), que niega la existencia misma de electores pobres en áreas rurales. ¿Así los va a convencer?

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