Los F-16 y la crisis de la soberanía, por Eliana Carlin

Aunque en este país nunca se sabe, todo parece indicar que la segunda vuelta presidencial ya tiene protagonistas confirmados. El operativo desplegado para invalidar el proceso electoral —sobre el que hay mucho por decir— no ha concluido, pero en ese escenario ya de por sí complejo irrumpió una crisis política interna que ha producido la caída de 2 miembros del Gabinete, el desembolso forzado de US$462 millones y la confirmación definitiva de la absoluta intrascendencia del señor José María Balcázar, seudopresidente de la República.

Más allá de las explicaciones ofrecidas por la Embajada de los Estados Unidos —que invoca una negociación previa y compromisos adquiridos—, lo que la ciudadanía ha presenciado es profundamente vergonzoso: una subordinación inaceptable para cualquier Estado que se pretenda soberano. El embajador Bernie Navarro, representante del régimen de Donald Trump, amenazó públicamente a través de sus redes sociales con que Washington emplearía 'todas las herramientas disponibles' contra quienes negociaran 'de mala fe', y lo hizo en el preciso momento en que Balcázar, en un acto de mínima prudencia institucional, señaló que correspondía dejar una decisión de tal magnitud al gobierno que el pueblo eligiera en las urnas. Era la comprensión elemental de que un Ejecutivo interino, sin mandato popular, carece de legitimidad para comprometer US$3.500 millones en armamento extranjero mientras el país arrastra enormes brechas sociales sin resolver.

La ciudadanía volvió a ver cómo su voluntad soberana era doblegada, esta vez no por ejércitos, sino por contratos, presiones diplomáticas y funcionarios propios que actuaron como correa de transmisión del poder del otrora hegemón. Pese a la posición declarada de Balcázar, el ministro de Economía ejecutó el pago de US$462 millones en abierta contradicción con la postura del presidente, con el respaldo del primer ministro Luis Arroyo y de un Ministerio de Defensa que ya había suscrito el contrato el 20 de abril a espaldas —o con el silencio cómplice— del jefe de Estado. Como remate, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa Carlos Díaz presentaron sus renuncias acusando a Balcázar de mentir al país: un espectáculo de funcionarios que firmaron lo que debían firmar y luego se marcharon escandalizados.

El rol activo del embajador Navarro merece una mirada más profunda. Sus apariciones públicas, declaraciones en medios, mensajes en redes y la diplomacia de los gestos informales forman parte de una estrategia que no es nueva, pero que en este caso ha sido inusualmente explícita. El fondo de este episodio no es técnico ni militar: es geopolítico. Perú es este miércoles un campo de disputa central entre las dos potencias que definen el orden mundial en transición. China es nuestro mayor socio comercial desde hace más de una década y acaba de iniciar operaciones en el megapuerto de Chancay, una obra que redefine el rol del país en la cadena logística del Pacífico Sur. Frente a ese avance, Washington busca reafirmar su presencia a través de palancas clásicas: la dependencia militar, la integración tecnológica de los sistemas de armas y la subordinación de las Fuerzas Armadas a la doctrina del Pentágono. Los F-16 no son solo aeronaves: son un instrumento de alineamiento estratégico.

En este contexto, la apuesta por la multipolaridad no es una postura ideológica opcional: es una necesidad de Estado. Un Perú que aspire a ejercer soberanía real necesita una política exterior coherente. Con elecciones a la vuelta de la esquina y Roberto Sánchez —quien presidió la Comisión Especial Multipartidaria del Puerto de Chancay— posicionado en la segunda vuelta, la disputa por el rumbo estratégico del país llega en el peor momento institucional posible: con un gobierno interino sin autoridad, una Cancillería decapitada y un Ministerio de Defensa que ha demostrado actuar con mayor lealtad a sus interlocutores externos que a su propio presidente. Lo que este episodio ha dejado al desnudo no es solo la debilidad de Balcázar. Es la ausencia, en las actuales élites políticas y burocráticas del Perú, de algo tan elemental como el sentido de dignidad nacional.