Intolerable punto de partida,, por César Azabache Caracciolo

No es posible descartar que entre este miércoles y julio de este año, cuando acaba este quinquenio, la mayoría que ya se va organice un último acto de demolición institucional. El capricho es uno de esos impulsos que conduce a sus portadores casi siempre hacia la repetición irracional de lo mismo. Es como vivir en una perversa zona de confort que nadie parece querer abandonar y de la que, sin embargo, urge salir de inmediato.

 Signos presentes de la instalación de más de un dispositivo que del capricho pasa al abuso: Acabamos de ver al Jurado Nacional de Elecciones extender las inhabilitaciones políticas impuestas por el Congreso a Delia Espinoza y Víctor Zamora, dos personas etiquetadas como opositores, hasta impedirles votar. Esto lo ha hecho el JNE sin ley que lo respalde, sin base legal alguna. Y tratándose de un alto tribunal, el hecho desdibuja por completo su papel en el proceso.

 Además, dar este salto, convertir dos inhabilitaciones para ejercer cargos en el Estado en dos prohibiciones para votar representa una provocación: Una demanda de amparo, la respuesta legalmente correcta ante este atropello, tendría que haber neutralizado los efectos del abuso. Pero, en la pseudo lógica de quienes han promovido la demolición en este periodo, una orden judicial que autorice a ambos a votar habría permitido generar un nuevo falso discurso, ahora sobre una supuesta e inexistente “disciplina electoral”, con la que acaso el JNE habría encontrado razones para asignarse un poder arbitrario del tamaño del que ya exhibe la Junta Nacional de Justicia.

 A este abuso se suma uno adicional: Tres entidades —el JNE, la JNJ y la Policía Nacional del Perú— han decidido entrometerse con absoluta impunidad en el caso de las mesas no instaladas en Lima durante las elecciones del pasado fin de semana. El JNE y la JNJ han abierto procedimientos contra el jefe de la ONPE. Lo han hecho ahora y no después de las elecciones, que es cuando deben discutirse estas cosas. La policía, por su cuenta, decidió detener a Samamé Blas, uno de los principales funcionarios de esta entidad, armando un caso absolutamente inaceptable de falsa flagrancia. Todo esto después que Rafael López Aliaga, uno de los candidatos que disputa el segundo lugar en las elecciones, pidiera públicamente intervenir el sistema.

 El jefe de la ONPE tendrá que responder por el desorden del proceso, sin duda. Pero no en este momento. Criminalizar los desórdenes del proceso es absolutamente desproporcionado. Además, es inoportuno al extremo de sugerir un procedimiento diseñado para intervenir la ONPE antes de que termine el recuento de votos. Por esto, esta historia representa una intromisión intolerable.

 El fantasma del falso fraude aparece en la escena, avivado por un López Aliaga que no tiene cómo sentirse seguro de los resultados de las elecciones. En general, sus temores personales no deberían bastar para crear una crisis institucional. Pero bastan. El Estado del capricho que nos dejan estos años genera una malla institucional muy poco resistente, disponible para maniobras de este tipo.

 Estamos dejando pasar estas dos escenas como si se tratara de asuntos cotidianos. En condiciones normales alguien habría presentado un hábeas corpus para liberar antes de 48 horas a Samamé Blas. Nadie lo ha hecho. Es difícil imaginar una reacción de la Defensoría en protección de sus derechos. Pero el desafío consiste en cortar a tiempo esta propensión al abuso y equilibrar las cosas antes que se instale el siguiente ciclo, que insinúa tener un perfil propio, uno que no tendría por qué reproducir las condiciones del ciclo del que estamos saliendo.

 Debilidades que debemos enfrentar. Primera: nos guste o no, el siguiente ciclo abre con un severo decaimiento de la influencia de las agendas de derechos, llamadas por algunos “progresistas”. Con éxitos parciales, jamás definitivos, estas agendas intentaron mantenerse vigentes durante todo el ciclo anterior a la pandemia. Resistieron intactas a regímenes relativamente conservadores como el de Alan García (autor de “El perro del hortelano”) y el de Pedro Pablo Kuczynski (que aprobó el indulto a Alberto Fujimori para bloquear una moción de vacancia que lo ponía en riesgo). Pero la ofensiva anti derechos iniciada con la pandemia ha sido mucho más intensa que cualquiera anterior. Las voces defensoras de derechos, sin duda, se sostendrán en el proceso que ahora empieza. Deben mantenerse. Pero serán voces en minoría que tendrán que aprender a construir nuevos espacios y nuevas redes de influencia. Reinventarse, en una palabra.

 Segunda: con el decaimiento de los casos Odebrecht y de los llamados “cuellos blancos”, el eje de la política queda fuera de las fiscalías. El actual Fiscal de la Nación, el señor Gálvez, ha ofrecido además no impulsar ya casos que involucren a los poderes del Estado, ni siquiera cuando sea necesario hacerlo. Ahora mismo parece estar asistiendo, ojalá no sea cierto, a los caprichos del señor López Aliaga sobre la ONPE. Salvo el judicial, al menos por ahora, todas las llaves de equilibrio y balance institucional vigentes antes de la pandemia han sido neutralizadas: todas por cooptación, todas a través del control que el último Congreso impuso sobre los procesos de designación de magistrados.

 Tercera: entramos en este ciclo con un sistema institucional habitado por cuatro enclaves orientados a mantener la línea del orden en el lugar en que la fije el Congreso. Allí están la mayoría del Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la JNJ y la Defensoría del Pueblo.

 Contener la propensión al abuso que se está asentando ahora mismo no parece una tarea sencilla en estas condiciones. Pero es una tarea imprescindible. Las oportunidades que abre un nuevo ciclo político pueden ser fagocitadas por el sistema si no las asumimos a tiempo.