Otra victoria contra el fujimorismo terruqueador

La reciente sentencia del Poder Judicial que condena a Fernando Rospigliosi por difamación contra Delia Espinoza representa un avance firme en la defensa del debate democrático. El fallo establece con claridad un principio esencial: la palabra pública exige responsabilidad y sustento.

La decisión judicial reafirma el valor del Estado de derecho como pilar de la convivencia política. El tribunal reconoce que las acusaciones graves, como vincular a una persona con el terrorismo, requieren pruebas sólidas. Esta sentencia fortalece la idea de que la política se construye sobre hechos verificables y argumentos consistentes.

Durante años, el “terruqueo” ha funcionado como una herramienta de confrontación desde sectores ligados a Fuerza Popular. Este recurso ha buscado instalar etiquetas que simplifican el debate y generan impacto mediático. Hoy, el Poder Judicial introduce un punto de equilibrio al establecer límites claros y reafirmar estándares mínimos de responsabilidad discursiva.

El pronunciamiento judicial también eleva la calidad del espacio público. La política gana cuando el intercambio de ideas se apoya en evidencia, respeto y rigor. Este fallo impulsa una cultura donde la crítica se ejerce con sustento y donde las instituciones garantizan el equilibrio entre libertad y responsabilidad.

La reacción política frente a la sentencia evidencia la intensidad del momento. Sin embargo, el sistema democrático demuestra fortaleza a través de sus mecanismos institucionales. El Poder Judicial cumple su rol y consolida su lugar como árbitro en conflictos donde se cruzan política y derechos fundamentales.

En este contexto, la ciudadanía adquiere un rol decisivo. El próximo 12 de abril ofrece una oportunidad para expresar, a través del voto, una preferencia por un debate político más responsable y una práctica democrática basada en hechos, no en prejuicios ni intolerancias. A tres días de los comicios, es fundamental recordar que cada elector tiene en sus manos la posibilidad de reforzar este mensaje en las urnas y marcar el rumbo del país con una decisión informada y consciente. Una capaz de construir una república superior.

Esta resolución marca un precedente relevante. Esta sentencia debería señalar un camino hacia una política más responsable, donde el uso de la palabra adquiere un valor acorde a su impacto, no como algunos candidatos como Rafael Lopez Aliaga de Renovación Popular que incluso emiten diatribas contra otros peruanos.

Se trata, en suma, de una victoria significativa. Una del Estado de derecho, de la institucionalidad y de una ciudadanía que exige un debate político más serio, más informado y más respetuoso.