El festín fiscal antes de las elecciones

En medio del ciclo electoral, la política fiscal vuelve a inclinarse hacia el corto plazo, como ha sucedido en los últimos cinco años. El Congreso ha aprobado normas que amplían beneficios a sectores productivos y consolidan gastos permanentes; el Ejecutivo, en lugar de contener, las refrenda. Pero el problema no se agota en el aumento del gasto. También se expresa en el otro lado de la ecuación básica de sostenibilidad de un Estado: la renuncia sistemática a recaudar.

Según un reporte de la OCDE, el Perú deja de percibir alrededor de S/27.000 millones al año por beneficios tributarios aprobados en el Congreso, muchos de los cuales favorecen a grandes empresas. En un país que ya recauda menos que sus pares en la región —hasta US$14.000 millones por debajo—, esta política profundiza un sistema desigual y limita de manera estructural la capacidad del Estado. Más aún en un contexto de altos precios de los minerales de exportación, donde el margen para fortalecer ingresos existe, pero no se aprovecha.

Si bien algunas de esas leyes que extienden beneficios laborales o elevan pensiones recogen demandas atendibles, como el de los contratos CAS en el Estado, el problema está en su tramitación. En otras palabras, han sido decisiones sin planificación ni estudios de impacto socioeconómico claro. Lo mismo ocurre con los beneficios tributarios. Se aprueban sin una evaluación rigurosa de su eficacia ni de su costo fiscal. En ambos casos, el resultado es el mismo: obligaciones que se acumulan o ingresos que se pierden, sin una estrategia de conjunto.

Ante los próximos comicios, vale la pena recordar que gobernar implica ordenar. Cada gasto permanente reduce el margen de acción del Estado, y cada exoneración tributaria lo estrecha aún más. El efecto combinado es un espacio fiscal cada vez más limitado, donde se desplazan prioridades como la inversión pública, los servicios básicos o la capacidad de respuesta ante crisis.

En lo que hoy sucede, la dinámica es conocida. El Congreso impulsa medidas que incrementan el gasto o reducen ingresos; el Ejecutivo evita el costo de oponerse. Se trata de una lógica similar a la de un festín, que prioriza la rentabilidad política inmediata. Es, además, una expresión más del pacto que hoy gobierna, en el que este Ejecutivo actúa sin autonomía, alineado con intereses que exceden la gestión pública.

Las brechas sociales exigen respuestas, pero también consistencia: reglas claras, decisiones que vinculen derechos con financiamiento sostenible y una política tributaria que deje de operar como mecanismo de privilegios. Sin ese equilibrio, el Estado no solo gastará mal sino que también recaudará menos de lo que debería.

El escenario electoral acentúa esta deriva. El gasto fácil ofrece réditos inmediatos; las exoneraciones también. Ambos trasladan los costos hacia adelante. El costo de evitar decisiones hoy es trasladarlas, intactas, al siguiente gobierno.