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Opinión

El Tribunal Constitucional del Congreso liberará a Vladimir Cerrón., por Paolo Barrero Lira

El Tribunal Constitucional peruano se ha convertido en un reflejo del poder del Congreso desde su elección en 2022.

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El candidato presidencial de Perú Libre busca que el TC anule el pedido de prisión preventiva en su contra. Foto: composición LR

Por Paolo Barrero Lira, politólogo por la PUCP

 Desde su elección en 2022, el TC ha sido una extensión jurídica del poder del Congreso. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una institución que en el pasado fue un candado efectivo en contra del poder del Parlamento pasó a ser su mero amplificador? En esta columna, comparo a un Tribunal autónomo (2013-2021), con uno subordinado al poder político (2022 – presente) para entender qué hace autónoma o subordinada a la justicia constitucional, y cómo podemos evitar esta situación de nuevo.

Elecciones limpias = magistrados autónomos

En 2013, el Tribunal Constitucional tuvo las elecciones de magistrados más limpias de su historia. Después de la revuelta ciudadana frente al desvergonzado intento de subordinación política conocido como La Repartija -en el que el nacionalismo, fujimorismo y Podemos Perú tranzaron sus votos para nombrar a oficiales leales en el TC y la Defensoría-, el Legislativo se vio obligado a realizar nuevas elecciones, esta vez vigilados de cerca por toda la sociedad, incluyendo el sector empresarial e internacional.

El resultado fueron seis magistrados que, a pesar de sus diferencias ideológicas, presentaban credenciales técnicas suficientes y -lo más importante- presentaban una larga distancia del poder político. Los frutos de aquella distancia serían evidentes años después: cuando -entre 2016 y 2019- el Parlamento empezó a agrandar su poder, originalistas y activistas en el TC unieron fuerzas para frenar al Legislativo: en 2017, declararían que la Ley Antitransfuguismo era completamente inconstitucional por cinco votos contra dos. En 2018, que la Ley Mordaza o Ley Antimermelada era parcialmente inconstitucional por seis votos contra uno. Y el ejemplo más importante: en 2018, por unanimidad, declararían completamente inconstitucional el primer intento del Congreso de quitarle al Ejecutivo la cuestión de confianza.

Elecciones irregulares y politizadas = fallos subordinados

Las elecciones para el TC de 2022 fueron antónimas a las de 2013. Entre las irregularidades, resalta una: cuando un tribunal de transparencia le ordenó al Parlamento que hiciera pública información crucial sobre los candidatos al TC luego de que les negara la solicitud a periodistas, el Congreso simplemente desacató el fallo. Un día antes de la votación, finalmente, publicarían los reportes, solo que con el 80% del contenido censurado.

En esta ocasión, ya los guardianes del Tribunal del 2013 no estaban: no hubo movilización ciudadana, ni presión empresarial o internacional. El resultado fueron dos jueces altamente cuestionados por su cercanía al Parlamento: un magistrado que había sido abogado de Renovación Popular en dos ocasiones; y otro que dejó el TC por realizar una contratación irregular cuando era el secretario general de aquella institución: contrató a la esposa de un vocal del alto colegiado.

El resultado ha sido peor de lo que se esperaba. En 2023, el Tribunal limitó la capacidad del Poder Judicial de ejercer control constitucional sobre el Parlamento. En 2025, repuso a Tomás Gálvez, vinculado a los Cuellos Blancos, como Fiscal de la Nación, archivó las investigaciones en contra de Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito, y absolvió a Keiko Fujimori del caso Cocteles por lavado de activos. En lo que va del 2026, el TC dejó libre a Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y el intento de homicidio del periodista Eduardo Rojas. Es muy probable, entonces, que, en los próximos días, el máximo intérprete libre al candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, acusado de lavado de activos por el caso Dinámicos del Centro.

La lección es que la calidad del proceso de selección determina cuán independiente es el Tribunal. Entre más transparencia y veto ciudadano, el costo de capturar al alto colegiado será más alto. Por el contrario, la ausencia ciudadana abre camino a un Tribunal como el que -con toda probabilidad- liberará a Vladimir Cerrón. El Senado que escojamos este 12 de abril escogerá al próximo TC. Tengamos esto en mente.

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