
Durante años se ha repetido que la macroeconomía peruana está sólida y sobrevive sin verse afectada por la política. Esta percepción surge del análisis de variables como inflación bajo control, deuda pública manejable, sistema financiero estable y reservas internacionales razonables.
Tras crisis políticas sucesivas, cambios constantes de gabinete y fragmentación parlamentaria, esa estabilidad es resultado también de la resiliencia de los peruanos. Sin embargo, el momento actual exige una advertencia mayor de que ese equilibrio delicado, y que requiere decisiones firmes para sostenerse, está en jaque.
La estabilidad macroeconómica actual proviene del marco institucional construido en décadas anteriores. Responde a reglas fiscales que aún orientan la política pública, a un banco central con credibilidad y a un sistema financiero prudente. Ese andamiaje técnico brinda soporte, pero necesita un entorno político predecible que impulse inversión y productividad para consolidarse en el tiempo. Todo ello se ha perdido.
El crecimiento de los últimos años refleja el impacto de la incertidumbre sobre la inversión privada y pública. Si bien los precios internacionales de los metales alcanzan niveles favorables en distintos momentos, los ratios de crecimiento no son tan altos como debieron ser y de hecho ocurrieron durante el denominado boom los commodities vividos al final de la primera década de este siglo.
Ahora, el verdadero desafío se encuentra en la disciplina fiscal y la credibilidad del país frente a la inversión. No por nada, los economistas más reputados del mundo insisten en que la confianza constituye el principal activo macroeconómico.
No es sorpresa que nuestro país cuenta con recursos naturales estratégicos, además de una ubicación geográfica competitiva y experiencia técnica acumulada.
Pero el rumbo futuro descansa en la decisión colectiva, ya que es la ciudadanía la que posee la herramienta más poderosa del sistema democrático: el voto.
La estabilidad se fortalece cuando la sociedad elige gobernabilidad, previsibilidad y reformas estructurales. En esa decisión reside la posibilidad de transformar una estabilidad frágil en un ciclo renovado de crecimiento sostenido y prosperidad compartida. Situación que no es la que el pacto corrupto quiere en el Estado peruano.





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