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Opinión

Por la recuperación del Estado de Derecho

Los ciudadanos deben saber que los efectos de corto plazo de las leyes procrimen y antiderechos pueden ser revertidos en los próximos comicios.

Editorial
Editorial

El debate sobre justicia en el Perú surge de reformas legislativas y decisiones judiciales que han modificado criterios sobre prescripción y responsabilidad penal en delitos graves. Ese marco, aprobado por el Congreso de la República del Perú y validado por el Tribunal Constitucional, produce efectos jurídicos que reabren procesos y redefinen el alcance de sentencias.

Comprender ese contexto resulta indispensable para evaluar la crisis institucional y las reformas que el próximo gobierno deberá considerar.

El caso de Daniel Urresti, condenado en 2023 por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ejemplifica la tensión entre garantías procesales y responsabilidad histórica. La anulación de la sentencia responde a fundamentos jurídicos determinados por un tribunal subordinado al poder del pacto gobernante. Esa decisión si bien pretende desvirtuar la gravedad de los hechos no podrá eliminar el debate ético sobre la conducta atribuida y sentenciada en sede judicial.

Desde una perspectiva democrática, el desafío consiste en equilibrar garantías con capacidad estatal para sancionar conductas que lesionan bienes fundamentales.

El próximo gobierno deberá restituir el marco normativo. El fondo es que los casos beneficiados por leyes inconstitucionales y procrimen no deben agotar la discusión y la reconquista por la civilidad propia de un Estado de derecho.

Al respecto, la sociedad conserva el derecho a valorar la dimensión ética de los hechos y exigir estándares altos a quienes aspiran a ejercer autoridad. Y la oportunidad está en los próximos comicios.

No será un camino fácil. Y en la ruta, esta casa editorial insistirá en la responsabilidad de promover debates informados y pluralistas, como, por ejemplo, en la insistencia de la importancia del próximo senado para lograr algún cambio.

El debate sobre justicia en el Perú requiere mucha participación y pedagogía. Y la plena consciencia de que no todo está perdido. Las contrarreformas pueden ser revisadas; las instituciones, mejoradas; las decisiones, discutidas y, por ende, revertidas.

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