Elecciones 2026 y el tema de debate pendiente, por Emilio Noguerol

Se ha perdido la brújula, mientras unos esperan el gatillazo inicial de una campaña electoral aún tímida y sosa, otros observan impávidos —incluso agotados— cómo las inconductas de un entusiasta del chifa que circunstancialmente ocupó el sillón presidencial nos han llevado nuevamente a la acefalia ejecutiva y al posterior reemplazo del jefe de Estado por otro sujeto inidóneo para el cargo. La responsabilidad es compartida con esa mayoría de congresistas sin madurez política e incapaces de conciliar una candidatura decente que nuevamente vuelven a decepcionar al país.

El problema no es solo quién gobierna, sino que el Perú va a la deriva, sin proyecto alguno. Por eso, este 2026, planeo seguir aprovechando este espacio para hablar de lo que, desde mi humilde visión, se debería priorizar, a mediano y largo plazo, para dejar el constante apagado de incendios.

Un país desarrollado, moderno y sin carencias es posible si se hacen los esfuerzos por fortalecer la forma en que este es administrado, lo que incluye reevaluar seriamente quiénes son aptos para ese encargo. Solo considerando los últimos años de gestión, Castillo, Boluarte y Jerí, por ejemplo, demostraron nulas aptitudes para gobernar una nación, para liderar sectores, para legislar funciones delegadas, para resolver problemas públicos y —en sencillo— para mejorar la calidad de vida de los peruanos, con ministros ineptos, entornos corruptos y empresarios piratas en decadente comparsa. Estoy seguro de que, si usted viaja, no les dejaría su casa bajo su cuidado.

Veremos qué ocurre con Balcázar, pero sus antecedentes como juez expulsado del Poder Judicial y abogado expulsado de su propia orden en Lambayeque, aunados a sus nefastas declaraciones sobre el matrimonio infantil y la libertad sexual en menores de edad, me hacen creer que su presidencia solamente abonará al caos. Ni qué decir de sus ímpetus por las gracias presidenciales que, por neutralidad electoral, deberá contener.

Quienes cuya práctica legal transita desde el análisis regulatorio hasta el litigio contra la administración pública pueden dar fe de la erosión del Estado, en todos sus niveles. Es impresionante vivir y sufrir los impropios razonamientos de servidores y funcionarios que no están cualificados para tomar ningún tipo de decisión pública, pero cuyo mal trabajo no solo perjudica a una empresa o ciudadano, sino a sectores productivos enteros.

Por un lado, la falta de preparación, de lectura, de academia; por el otro, su captura por parte de las mafias (plurales porque las hay de todo calibre, nacionalidad, tamaño y orientación política). Esa degradación no es casual y se manifiesta todos los días en situaciones pequeñas que producen daños enormes.

Véase la agonía de entidades que alguna vez fueron espacios de eficiencia y hoy están tomadas por funcionarios de dudosa reputación, enfrascados en quijotescas cruzadas contra molinos imaginarios; otros, menos febriles y más serviles, resolviendo diligentemente a favor de los amigos del patrón de turno. Organismos reguladores cuyas multas son caricias para los extranjeros y guillotinas para los nacionales. Municipios que desconocen licencias de construcción legalmente obtenidas y judicializan proyectos inmobiliarios —no por celo urbanístico, sino para lograr “alguito”—, mientras otros se hacen la vista gorda cuando aparecen, de la noche a la mañana, inmensas plantas de cerámicos o acero sin haber tramitado licencia alguna. Provincias acéfalas porque su alcalde decidió “jugar a ser presidente” y dejó la ciudad en manos de otro improvisado. Y la lista podría ocupar el resto de estas páginas. Nada funciona como debería. Ni siquiera la mesa de partes virtual de los distritos con ingresos per cápita más altos, como San Isidro.

El exceso de arbitrariedad, mediocridad y cálculo político ha pervertido el objetivo fundamental de la administración: servir. Lo sufren los ciudadanos que reciben peores servicios en desmedro de su calidad de vida y las industrias nacionales que pierden productividad por regulaciones perversas o cuya subsistencia peligra ante la ausencia de seguridad jurídica.

Cambiar el rumbo de este barco podría parecer una epopeya, pero un golpe de timón basta para alterar nuestra ruta al desastre: se necesita un proyecto de país que ordene las decisiones públicas, pero no uno de lápiz y papel. Precisamos uno bien pensado, concertado, producto de la conversación entre iguales, que recoja los anhelos de las gentes, el conocimiento cercano de quien sufre el problema cuya solución propone, una guía de trabajo participativa y democrática, aunque realista y adaptable a los desafíos sobrevinientes.

Cuando la burocracia deja de resolver problemas y se refugia en formalismos inútiles, no estamos ante un exceso de Estado, sino ante su agotamiento. En contraposición con lo que muchos quieren presentar como solución, la administración no puede ser un fin en sí misma ni una trinchera ideológica. Es un medio para ejecutar un proyecto colectivo por el bien común. Sin ese proyecto, se fragmenta, se obstruye y termina perjudicando a los ciudadanos y a nuestras industrias que dependen de reglas claras y decisiones previsibles. Un Estado profesional no es un Estado perfecto, pero se vuelve predecible y competente.

Ahora bien, para migrar a lo que se conoce como un modelo posburocrático, centrado en los problemas de rendimiento y el logro de objetivos y resultados, también entendido por la OCDE como la administración “al servicio del público”, es imprescindible la construcción de una infraestructura ética (Sanz, 1996). El país que necesitamos no es uno refundado, es uno que, además de funcionar, está diseñado para ser conducido con probidad. Ese es el proyecto mínimo que nos falta y sobre el cual es posible construir cualquier otro.

El único plan de gobierno cuya ejecución nos deben explicar cómo realizarán es el de profesionalizar la gestión pública. Pero nos dirán que es una cuestión de izquierdas o derechas, de enfrentar el comunismo o de erradicar el capitalismo caníbal. De tener nueva Constitución, de refundar la patria. Nada de eso es necesario, ni mucho menos oportuno. Reitero, hay que profesionalizar el servicio a la ciudadanía, a la empresa pequeña, mediana y grande, de cumplir y hacer cumplir las reglas de juego. De ser serios, tan solo serios.

Si ese es nuestro proyecto mínimo, podremos cumplirlo todos, conservadores o liberales, diestros o zurdos, porque exige algo más básico que la ideología: que el Estado funcione. El resto, lo conversamos luego.