A tres años de la captura del gobierno

Se cumplen tres años desde que el Perú ingresó, casi sin declararlo, en una nueva forma de gobierno. Un régimen autoritario de cuño parlamentario, sin partido hegemónico ni líder carismático, pero eficaz para concentrar poder y vaciar la representación. En otras palabras, la administración de la precariedad como método.

El 7 de diciembre de 2022 marcó el quiebre. La caída de Pedro Castillo —autoinfligida por un torpe autogolpe— abrió paso a un arreglo político que, bajo la promesa de restaurar el orden, terminó consolidando un Congreso sin contrapesos reales. Desde entonces, el Legislativo dejó de ser un poder de control para convertirse en el verdadero eje del sistema.

El Ejecutivo que emergió de ese momento no gobernó: obedeció. La presidencia de Dina Boluarte fue la de una jefatura formal sostenida por una coalición parlamentaria cuyos centros reales de decisión se encontraban fuera de Palacio. Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, César Acuña y Rafael López Aliaga —cada uno desde su propio cálculo y espacio— operaron como factores de poder que garantizaron la supervivencia del gobierno a cambio de docilidad política.

A cambio del blindaje frente a la vacancia y el juicio político, el Ejecutivo aceptó silencios estratégicos, repartos burocráticos y una política de orden que, frente a la protesta social, optó por la represión antes que por la mediación. En ese sentido, enero de 2023 fue una advertencia.

Vale recalcar que ese empobrecimiento democrático no es una abstracción teórica. Es una observación verificable en los hechos. Se expresa, primero, en la inseguridad creciente, en la expansión de las economías ilegales, y de manera trágica, en el costo humano de la subordinación del poder político: ciudadanos asesinados por ejercer su derecho constitucional a la protesta durante las movilizaciones de 2023. Paralelamente, el 2024 cierra con cuatro periodistas asesinados. Son síntomas acumulativos de un régimen que debilitó el Estado de derecho mientras afirmaba, retóricamente, defenderlo de enemigos inexistentes.

La salida posterior de Boluarte no alteró la lógica del régimen. Con José Jerí, el esquema se perfecciona: ya no se trata siquiera de un Ejecutivo tolerado por el Parlamento, sino de uno emanado directamente de él, expresión transparente de un poder legislativo que gobierna sin asumir los costos de gobernar.

Lo autoritario de este régimen no reside solo en el uso de la fuerza, sino en algo más profundo: la normalización del cierre del sistema. Se gobierna sin horizonte, sin deliberación pública y sin incentivos para reconstruir legitimidad. El Congreso legisla para sí mismo, debilita la fiscalización, relativiza los derechos y posterga indefinidamente cualquier reforma que implique riesgo.

Sin embargo, este proceso no es irreversible. El autoritarismo parlamentario se sostiene, en última instancia, en la desmovilización cívica y en la renuncia ciudadana a su propio poder. Las próximas elecciones constituyen una de las pocas instancias capaces de castigar la captura institucional y recomponer la representación del caos.

Tres años después, el balance es severo, pero el desenlace sigue abierto. La democracia no se restituye sola ni por inercia: se reconstruye cuando la ciudadanía decide intervenir, cuando deja de normalizar el deterioro y convierte las urnas en un límite efectivo al abuso. Ese es el desafío inmediato. Y también, todavía, la posibilidad.