Pedro Grández: Ingeniería constitucional de la Justicia

Pedro P. Grández Castro. Profesor Universitario - Constitucionalista

El constitucionalista español Luis López Guerra se encuentra en nuestro país invitado a la Feria Ricardo Palma, donde presentará su reciente libro Constitución, ingeniería constitucional, jueces y tribunales (Palestra Europa, 2025). El profesor López Guerra es uno de los más destacados representantes de la generación de juristas de la transición democrática española. Doctorado en la Universidad Complutense, fue nombrado catedrático antes de cumplir los treinta años y, a lo largo de una trayectoria excepcional, ha ejercido los más altos cargos institucionales en España y la Unión Europea: vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, vicepresidente del Tribunal Constitucional y, hasta hace poco, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su libro recoge, por tanto, no sólo la reflexión del jurista, sino también la experiencia del juez y del político de los años más significativos de la transición, pues fue viceministro de Justicia durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El término “ingeniería constitucional”, utilizado inicialmente por la ciencia política y hoy retomado por el Derecho Constitucional, alude al análisis del diseño de las instituciones, su adecuación al contexto y la importancia de evitar la simple trasplantación de modelos que, finalmente, no resuelven los problemas que pretendían enfrentar. Esta disciplina examina alternativas en diversos ámbitos: desde la configuración de los derechos fundamentales —cuyo lenguaje se ha replicado casi literalmente en la mayoría de Constituciones democráticas— hasta los sistemas electorales, la organización territorial y, por supuesto, la estructura y funcionamiento de la justicia. La ingeniería constitucional es, así, un campo de creciente interés para el constitucionalismo comparado.

Dada la amplia experiencia del profesor López Guerra en el ámbito de las instituciones de justicia, resulta pertinente revisar algunos de sus planteamientos en un contexto como el nuestro, donde el sistema judicial requiere reformas urgentes orientadas a fortalecer su papel en el equilibrio de poderes. El punto de partida para cualquier diseño constitucional adecuado es la idea de Constitución como pacto orientado a objetivos compartidos. López Guerra rescata la imagen de la Constitución como un “pacto político para la integración”, así como la relevancia que adquieren hoy los tribunales constitucionales.

En efecto, en las democracias contemporáneas, los tribunales constitucionales poseen un protagonismo creciente. López Guerra dedica buena parte de su análisis al papel que estos tribunales están llamados a desempeñar y a los riesgos que enfrentan en el equilibrio de poderes. Según su diagnóstico, el problema ya no es la tradicional objeción a su legitimidad para revisar la “ley democrática”, sino la necesidad de diseñar herramientas que garanticen que, en los procesos de selección y en su funcionamiento cotidiano, actúen “como auténticos guardianes de la Constitución y no como instrumentos para que, bien las mayorías sorteen esa supremacía, bien las minorías ganen en sede jurisdiccional lo que perdieron en sede electoral”. Se trata, por tanto, de prever un diseño institucional que evite la captura de los tribunales y asegure que cumplan la función para la cual fueron creados: preservar la dignidad humana y limitar el poder frente a cualquier forma de abuso.

Las fórmulas que propone López Guerra para reforzar la independencia e imparcialidad de la jurisdicción constitucional van desde impedir el copamiento partidario durante la elección parlamentaria, extender la duración de los mandatos, establecer mecanismos de renovación escalonada y prohibir los juicios políticos que pueden convertirse en formas de presión sobre los magistrados. Todas estas medidas presuponen, sin embargo, un contexto de democracia razonablemente estable. En nuestra experiencia, las mayorías calificadas —que en otros sistemas actúan como garantía— han mostrado que también pueden incentivar negociaciones opacas y compromisos que ponen en riesgo la independencia de los jueces constitucionales desde su propia designación.

Un capítulo especialmente relevante en la “ingeniería constitucional de la justicia” es el relativo a las relaciones entre democracia y tribunales, incluyendo tanto al Poder Judicial como al Tribunal Constitucional (TC). El panorama peruano se vuelve más complejo si se considera que los jueces del Poder Judicial son también jueces constitucionales, con facultades equiparables a las del propio TC, tanto en el control de la ley como en la protección de los derechos.

La tendencia que observamos, en un escenario de creciente centralización del poder en el Congreso, es que el TC exhibe cada vez más incentivos para alinearse con el legislador, debilitando así su rol como poder de control. El resultado es previsible: el Poder Judicial comienza a ser objeto de interferencias en sus funciones de garantía de derechos y fiscalización del poder. El uso del proceso competencial o la remisión de decisiones del TC a instancias disciplinarias para investigar a jueces son muestras de una confrontación que está deteriorando el sistema de justicia en su conjunto.

El libro de López Guerra aparece, pues, en un momento oportuno. La ingeniería constitucional orientada a fortalecer el sistema de justicia debe asumirse como una tarea prioritaria, y debería emprenderse sin demora por el próximo Congreso. Aunque existen un conjunto de proyectos en debate, el actual Parlamento —inmerso ya en una campaña electoral anticipada— carece de la legitimidad mínima necesaria para impulsar enmiendas constitucionales de esta magnitud, que requieren solidez técnica y un mínimo de credibilidad ciudadana de la que, lamentablemente, carece el actual parlamento.