Riesgo y relevancia de la independencia judicial, por Pedro Grandez

Pedro P. Grández Castro, profesor universitario - constitucionalista

Los hechos de las últimas semanas son alarmantes para la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público. El pasado 4 de noviembre, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario contra el juez John Paredes, del Tercer Juzgado Constitucional, imputándole haber incurrido en “faltas muy graves” que podrían llevar a su destitución. Los hechos se relacionan con su actuación en un proceso de amparo sobre la designación del defensor del pueblo por parte del Congreso, en el que se exigía mayor transparencia y se invocaba el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos. Sin embargo, el Congreso de la República articuló un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional contra el amparo en trámite y obtuvo una sentencia favorable que concluyó en el archivo del proceso de amparo.

La JNJ reabre este caso —luego de más de dos años— en el contexto de un nuevo proceso de amparo en el que el juez Paredes, atendiendo una demanda por violación de derechos políticos, ordenó esta vez al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que inscribiera a una organización política que, habiendo cumplido con los requisitos legales, estaba quedando fuera del proceso electoral del 2026.

Relacionado con el caso anterior, el pasado 5 de noviembre el procurador público del JNE denunció ante la Fiscalía a los tres integrantes de la Primera Sala Constitucional de Lima, ante la cual se venía tramitando el proceso de amparo aludido. También en este caso, luego de que el juez Paredes ordenara mediante medida cautelar la inscripción de la agrupación política en cuestión, el procurador del JNE acudió al Tribunal Constitucional y logró que se dispusiera la suspensión del trámite del amparo, sosteniendo que el Poder Judicial habría interferido en competencias propias del JNE. Lo cierto, sin embargo, es que la Sala denunciada solo había asumido competencia y no se había pronunciado todavía sobre el fondo; aun así, el procurador del Estado —dependiente del Poder Ejecutivo— denunció a los jueces ante la Fiscalía.

Mención aparte merece el caso de la fiscal de la Nación Delia Espinoza. En su caso, la orden judicial ha sido clara: ella debe retornar al ejercicio de sus funciones como fiscal de la Nación. El juez constitucional Torres Tasso ha insistido exigiendo el cumplimiento del mandato judicial, pero la JNJ no solo se ha mostrado renuente a cumplirlo, sino que además optó por denunciar al juez que emitió la medida cautelar ante la fiscalía por supuestos delitos de prevaricato y abuso de autoridad. Diversas instituciones de la sociedad civil se han pronunciado al respecto. El Colegio de Abogados de Lima ha exhortado a la JNJ a “respetar las decisiones judiciales, como muestra de ejemplo para los ciudadanos que exigen justicia en el sistema judicial”.

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) ha denunciado la instrumentalización del proceso competencial contra decisiones judiciales. Según su comunicado del 25 de noviembre: “la JNJ incurre en violación directa de los principios de independencia judicial y separación de poderes, pues interpone un proceso competencial con el fin de evitar el cumplimiento de dicha decisión, interfiriendo arbitrariamente en un proceso judicial en trámite, a pesar de que lo prohíbe el artículo 139.2 de la Constitución”.

Por otro lado, la situación de la autonomía del Ministerio Público es de especial preocupación. El 25 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre una denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela. En ese mismo informe se incluía también a otros tres fiscales supremos, para quienes, al parecer, por ahora se trataría sólo de una advertencia. Diversas organizaciones de protección de los derechos humanos —entre ellas la Fundación para el Debido Proceso— emitieron un pronunciamiento denunciando “el uso abiertamente instrumental del sistema de control político para someter, esta vez, al Ministerio Público, y el alto riesgo que ello puede significar para la lucha contra el crimen organizado afianzado dentro de los poderes políticos, e incluso para la integridad de las elecciones generales que se realizarán en el país en abril de 2026”.

En medio del creciente acoso e interferencias a las instituciones de justicia, la semana pasada dos expresidentes fueron sentenciados en primera instancia por el Poder Judicial. Si bien se trata de dos casos con claras diferencias —Castillo, procesado por un golpe frustrado o “imposible”, según varios especialistas; y Vizcarra, condenado por hechos de corrupción anteriores a su corto periodo presidencial—, en ambos casos la justicia se presenta como un espacio fundamental para la propia posibilidad del sistema democrático. Sin un sistema de justicia riguroso e independiente, los casos más emblemáticos de lucha contra la corrupción del poder pueden también merecer el reparo y la duda de la ciudadanía. Quienes hoy, desde el poder, acosan e impiden a las instituciones de justicia actuar con plena autonomía e independencia, están jugando un juego perverso para el futuro de la gobernabilidad.

En un país donde el Poder Judicial o el Ministerio Público sean percibidos por la ciudadanía como instituciones sometidas a intereses de poderes explícitos u ocultos, la consecuencia lógica es, primero, la desconfianza y, luego, el desprecio y la anarquía. Sin independencia judicial y sin plena autonomía del Ministerio Público para perseguir el delito conforme a la ley, no es posible la democracia como forma de gobierno civilizado y pacífico.