Becas y esperanza, por Marisol Pérez Tello

Mucho se ha hablado de igualdad e inclusión, pero pocas veces hemos sido capaces de sostenerlas más allá del discurso. La Beca 18 nació para eso, para que una hija de agricultores en Accomarca, un niño awajún en la Amazonía o un joven asháninka que creció entre carencias pero con dignidad pudiera romper el destino heredado de la pobreza lacerante. Fue el intento más serio del Estado por convertir la palabra “oportunidad” en un derecho.

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Por eso la frustración de hoy es tan grande. Se prometió financiar más de 20 000 becas al año, pero el presupuesto aprobado no alcanza ni para 2 000. Y, peor aún, dentro de ese recorte brutal, apenas 100 becas quedarían para comunidades indígenas amazónicas, como las awajún y asháninka, jóvenes que históricamente han tenido menos y a quienes ahora se les quiere dejar prácticamente sin nada. Lo mismo ocurre con la Beca Repared, que bajo este presupuesto solo tendría 200 becas, cuando antes se proyectaban más de 2 200. Reducir una reparación así es negar, otra vez, la deuda del Estado con quienes crecieron entre pobreza y violencia.

Aun así, se pretende responsabilizar a Alexandra Ames, una profesional competente y honesta, que condujo este programa con compromiso y con la convicción de que la movilidad social sí es posible cuando el Estado se toma en serio su tarea. Culparla por errores administrativos generados por otros no solo es injusto: es moralmente inaceptable.

Esto no es un debate técnico. Es ética pública. La educación es la única política que transforma vidas sin matices. Y la pandemia fue la fotografía más brutal de esa incapacidad del Estado para proteger a quienes más lo necesitaban.

Hoy, dejar caer la Beca 18 es repetir esa misma crueldad, miles de jóvenes quedándose sin la posibilidad real de mirar el futuro con esperanza. No es un programa más. Es la frontera mínima de un país que quiere, de verdad, llamarse justo.