
El miedo ha sido un factor clave en las elecciones, generalmente basado en las orientaciones políticas de los candidatos en competencia. Sin embargo, esta vez el miedo tendrá otro protagonista: el crimen. La agenda de seguridad será sin duda la prioridad número uno, ante una ciudadanía con mucho temor de ser víctima, especialmente de la extorsión o el sicariato.
Este miedo será también alimento para la polarización. Las divisiones hasta ahora animadas por posiciones ideológicas conducidas por actores políticos poco dialogantes se verán reforzadas por el manejo que estos hagan de la agenda de seguridad. La mano dura, la militarización de la seguridad ciudadana y el populismo penal, entre otras cuestiones, estarán sin duda en la agenda de quienes quieran reforzar sus posiciones y diferenciarse durante la campaña. El objetivo para muchos será mostrarse como el más bukeliano.
La desinformación juega en esto un papel clave. Ello se hace más fácil con un Estado que no produce los datos necesarios para saber cómo estamos. Desde el 2021 no tenemos una cifra oficial de homicidios, por lo que recurrimos a un registro como el SINADEF, cuya información no ha sido pensada para esos fines. Y apenas sabemos qué pasa con la minería ilegal, el contrabando, la tala de madera y el narcotráfico. Delitos tan serios como el tráfico de tierras o las extorsiones cuentan a duras penas con proxies y estimaciones poco fiables para tomar decisiones.
Por eso hay que prepararse para un uso perverso de la información y de los datos por parte de quienes quieran inducirnos a error como electores. De aquellos que quieran decirnos que los venezolanos son los culpables de todos nuestros males, o de los que busquen ocultar los severos daños al ambiente y a los derechos humanos que acarrean la minería ilegal y otros mercados ilegales en diversas comunidades. La idea será buscar en los números a algún otro que tenga la culpa, constituirlo como enemigo, aglutinar emociones y convertirlas en votos. Y en esa pretensión habrá matices de todos los colores.
Pero hay un riesgo también en usar los datos sin saber qué significan. Comparar indicadores que no están relacionados, o usar un dato para medir cosas para las cuales no fue ideado, induce también a error, por más buena intención que exista. A veces, la premura de responder a una audiencia o las ganas de reaccionar ante otro dato que sabemos errado puede conllevar el uso impreciso de información. El efecto, aun cuando no sea intencional, también puede ser nocivo.
Quienes nos dedicamos a gestionar información para ayudar a decidir y a proyectar soluciones tenemos la enorme tarea de ser responsables con los datos que analizamos y ofrecemos al elector. Debemos ser muy rigurosos con los métodos, transparentando los procedimientos de análisis, sin dejarnos seducir por el protagonismo que podamos tener en este escenario. Si bien no todo depende de nosotros, quienes son reconocidos como referentes tendrán mucha capacidad de influir en las decisiones de terceros. Tenemos por ello un papel importante para evitar la desinformación que abona a una polarización que amenaza todo proceso de decisión democrática.

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