El mundo ante el deterioro democrático peruano
Entidades multilaterales alertan sobre la deriva autoritaria en el país en manos del pacto parlamentario.
En los últimos meses, el Perú ha ingresado en una fase acelerada de erosión democrática. Decisiones que minan la independencia del sistema de justicia y, en particular, la integridad del Ministerio Público dan cuenta de ello.
Es a partir de la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza, sumada a la aprobación de leyes que recortan drásticamente las facultades del Ministerio Público, que se han encendido las alarmas de la comunidad internacional.
Organizaciones de derechos humanos han emitido un pronunciamiento que alerta sobre las consecuencias de los abusos parlamentarios.
De acuerdo con las entidades multilaterales, el uso abiertamente instrumental del control político para someter a la Fiscalía constituye un riesgo directo para la integridad de las elecciones generales de 2026 y la ya debilitada lucha contra la criminalidad organizada.
En este punto, también llama poderosamente la atención la propia admisión del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien ha adelantado que en el próximo pleno del 3 de diciembre sancionarán a quienes consideran opositores.
El escenario se vuelve aún más preocupante si se toma en cuenta que una fracción significativa del Congreso enfrenta investigaciones, indagaciones preliminares y denuncias constitucionales. El conflicto de interés es evidente, ya que quienes tienen causas abiertas son los mismos que están debilitando el marco institucional que los investiga mientras crean otro paralelo.
Ante ello, la comunidad internacional ha llamado a una respuesta coordinada y firme para impedir que el país siga transitando hacia un deterioro irreversible de su institucionalidad democrática.
No se trata de una advertencia menor. La memoria histórica recuerda que durante los últimos años del régimen fujimorista, la presión y el acompañamiento internacional fueron decisivos para frenar abusos de poder y restaurar el Estado de derecho.
Hoy, como entonces, la vigilancia internacional se vuelve indispensable. Solo así será posible contener este retroceso y asegurar que el Perú no pierda los avances democráticos construidos con tanto esfuerzo desde el año 2000.