Austeridad en papel, derroche en la realidad

El Decreto de Urgencia N.º 008-2025 llega con tono de emergencia fiscal, pero con una puesta en acción paralela incoherente. El Ejecutivo anuncia que aplicará un freno al gasto público para cumplir la regla fiscal del 2,2% del PBI. Sin embargo, el Parlamento, que en verdad gobierna, acelera incrementos salariales y pensiones que podrían costar más de S/21.000 millones al erario nacional, según un informe de La República.

La norma plantea contener la expansión del gasto corriente, a partir de transferencias financieras, contrataciones CAS, consultorías, publicidad y eventos. Pero su impacto real se diluye cuando el Poder Legislativo insiste en aprobar leyes con efectos fiscales permanentes, muchas de ellas sin estudios técnicos ni opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hace unas semanas, el Consejo Fiscal ya había advertido que 229 leyes aprobadas desde 2021 tienen un costo agregado de S/35.000 millones, y que otras 27 iniciativas en trámite podrían sumar un sobrecosto adicional de S/12.000 millones.

El mensaje político también es contradictorio. El propio Gobierno —que ampara el decreto— mantiene presiones internas por incrementos remunerativos en sectores sensibles, como seguridad, salud y educación, donde las demandas sociales son legítimas pero financieramente insostenibles sin una reforma integral.

Pese a la existencia de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y las advertencias del Consejo Fiscal, la coalición congresal autoritaria continúa aprobando leyes con impacto presupuestal sin identificar fuentes de financiamiento, amparándose en interpretaciones laxas del principio de iniciativa de gasto.

Más grave aún es que el decreto tiene vigencia solo hasta diciembre de 2025, lo que lo convierte en una medida transitoria y simbólica. No plantea mecanismos de control ni sanción política para quienes promuevan gasto sin sustento. En consecuencia, su aplicación dependerá más de la voluntad de los titulares de pliego que de una política de Estado.