
El empresariado cumple un papel esencial en toda sociedad moderna. Su capacidad para generar empleo y procurar su propio crecimiento depende de un entorno de reglas claras.
En el Perú, donde la incertidumbre política en los últimos años se ha convertido en un mal recurrente, solicitar previsibilidad al Estado es una condición necesaria para seguir invirtiendo, produciendo y creando oportunidades para millones de personas. Por ende, la exigencia de un Estado que cumpla con su tarea es un reclamo legítimo.
En muchas democracias consolidadas, el empresariado actúa como un actor de Estado, consciente de que el bienestar social también es un activo económico. En Chile, la cooperación público-privada impulsó clústeres de innovación; y en Costa Rica, las empresas lideraron políticas de sostenibilidad que fortalecieron su competitividad. Son ejemplos de un capitalismo responsable donde rentabilidad y desarrollo humano conviven, con problemas que se corrigen sobre la marcha.
Por eso, llama la atención que este año algunos sectores del empresariado peruano promuevan la receta libertaria de Argentina, vista por algunos como un atajo hacia eficiencia económica y orden fiscal. Sin embargo, la realidad argentina y la peruana son muy distintas.
Argentina enfrentaba inflación superior al 200%, déficit crónico y un Estado sobredimensionado. Milei aplicó un ajuste drástico: recorte de subsidios, empleo público y de inversión, lo que generó recesión, caída del salario real y aumento de la pobreza. El costo social es enorme y su sostenibilidad depende del endeudamiento y maniobras monetarias que contradicen sus promesas.
El Perú, en cambio, no sufre los males fiscales de Argentina, sino otros de naturaleza estructural como corrupción, baja productividad, criminalidad crecientes, informalidad masiva y un Estado ineficiente. Más del 90% de las empresas peruanas son micro y pequeñas, y su principal obstáculo no es el tamaño del Estado, sino la falta de crédito, el exceso de tramitología, la inseguridad y la ausencia de acompañamiento técnico.
Son estas trabas las que impiden que los pequeños negocios crezcan y generen mejores empleos. En ese sentido, pretender copiar un modelo de ajuste radical en un país donde la mitad de los trabajadores son informales sería suicida, ya que ampliaría mucho más las brechas sociales y golpearía el consumo interno, lo que afecta precisamente la viabilidad de las inversiones privadas.

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