Fiscalías de derechos humanos deben mantenerse

Los intentos de entorpecer y reescribir con mentiras la historia del Perú han sido, por mucho tiempo, parte de la estrategia antiderechos del fujimorismo. Sin embargo, hoy no son los únicos. Se trata de una fórmula repetida, utilizada por personajes autoritarios que enarbolan discursos radicales para negar responsabilidades de dictadores y blanquear la violencia que ocurrió. El trasfondo se evidencia en la metodología compartida: imponer una versión falsa de lo ocurrido contra miles de peruanos, víctimas tanto del terrorismo como de mandos militares que deshonraron su juramento con la patria.

Parte de esa deuda pendiente son las búsquedas de cuerpos que el Estado aún debe a los familiares de las víctimas del conflicto armado interno. Como concluye el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la exhumación e identificación de restos es, además de un acto humanitario, un paso esencial en el proceso de reconstrucción de la memoria colectiva del país.

Y precisamente por eso los discursos de partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular intentan invisibilizar y proscribir ese trabajo, del mismo modo que lo harían las dictaduras que necesitan borrar sus huellas.

En esa línea se enmarca la reciente iniciativa del congresista Alejandro Muñante, quien tras una visita a Ayacucho pidió la desactivación de la Fiscalía de Derechos Humanos. Su propuesta ignora que solo este año se han hallado cerca de 50 cuerpos de desaparecidos del periodo 1980-2000, una cifra que refleja lo mucho que falta por esclarecer.

En contraste, solicitó reactivar la fiscalía antiterrorista “para acabar con los remanentes del Vraem”, cuando es sabido que esos grupos ya no son una amenaza ideológica, sino operadores del narcotráfico, cuidadores de pistas de aterrizaje clandestinas más que combatientes de un proyecto político.

En lugar de ponerse del lado de los familiares que aún esperan justicia en espacios como el cuartel Los Cabitos, o de enfrentar la realidad del narcotráfico en el Vraem, Muñante prefirió dar conferencias sobre “libertad religiosa” ante pastores y sectores ultraconservadores. Una agenda que sirve a su clientela política, pero no al país.

La defensa de la memoria y la justicia no es un capricho ideológico, sino una condición mínima de la democracia. Por eso, las fiscalías de derechos humanos no solo deben mantenerse, sino fortalecerse. Pretender cerrarlas es pretender que el Perú viva de espaldas a su propia historia.