El voto digital: un riesgo innecesario para nuestra democracia, por Erick Iriarte Ahon y Dania Coz Barón

La reciente aprobación del voto digital en el Perú, bajo la Ley N.º 32270, se presenta como un paso hacia la modernidad, pero esconde un grave peligro para la integridad de nuestras elecciones. Aunque busca facilitar el sufragio de peruanos en el exterior y del personal de servicios esenciales, su implementación actual choca frontalmente con los pilares de nuestro sistema democrático.

La Constitución es clara: el escrutinio de los votos debe ser un acto público. Con el voto tradicional, cualquier ciudadano puede observar el conteo. El voto digital, sin embargo, convierte este proceso en una “caja negra” incomprensible. El ciudadano no puede verificar cómo se cuenta su voto; solo puede confiar ciegamente en un resultado arrojado por un sistema informático. Esta opacidad elimina el control ciudadano, un pilar fundamental para la legitimidad electoral.

Más alarmante aún es la amenaza a los principios de voto libre y secreto. Al sufragar desde un entorno no controlado, como el hogar o el trabajo, los electores quedan expuestos a la coacción y a la compra de votos. La situación se agrava con la obligatoriedad impuesta a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, donde la estructura jerárquica facilita la presión de superiores para votar en un sentido determinado. Un voto supervisado no es un voto libre. Además, la criptografía no garantiza por sí misma el secreto: dificulta conocer el sentido del voto, pero no lo hace imposible.

Las experiencias internacionales nos sirven de advertencia. Países como Alemania han declarado inconstitucional el voto electrónico por su falta de transparencia. Otros, como Ecuador, anularon elecciones por fallas masivas. Incluso en Estonia, pionero en este sistema, se detectaron vulnerabilidades en el software usado en la última elección que permitirían a un actor malintencionado alterar resultados sin ser detectado. También son relevantes los cuestionamientos a los sistemas electorales en Venezuela.

La normativa peruana actual no cumple con estándares internacionales básicos, como el acceso público al código fuente o la realización de auditorías verdaderamente independientes. En lugar de fortalecer la confianza, la debilita.

Existen alternativas menos riesgosas para garantizar el voto de los peruanos en el exterior, como el voto postal o el voto físico enviado escaneado por correo electrónico, mecanismos que emplean otros países como Estados Unidos y Nueva Zelanda. Por estas razones, es imperativo suspender la implementación del voto digital para las Elecciones Generales de 2026.

No podemos sacrificar la transparencia y la libertad de nuestro voto en el altar de una modernidad mal entendida. La salud de nuestra democracia está en juego.