Voto diversificado: un riesgo silencioso para la reactivación económica, por Jennifer Infantas

Durante las próximas elecciones generales de 2026, nuestro país se topa con un reto político conocido, pero en un nivel nunca visto: la atomización extrema del sistema partidario. Con 37 partidos políticos registrados legalmente y más de 60 movimientos regionales acreditados, el Perú afrontará un escrutinio electoral donde el sufragio estará profundamente dividido. Pero, ¿qué representa precisamente esta atomización de los votos para la economía del país y su reactivación? 

El momento actual nos indica que la fragmentación política de 2021 no solo resultó peligrosa, pues anuló hasta hoy la capacidad del Gobierno, sino que debilitó la inversión y la confiabilidad —ya bastante resquebrajada en los últimos años—, generando volatilidad económica como efecto inmediato.

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En 2021, de acuerdo con Intercorp Financial Services, se estima que salieron del país cerca de US$ 17 000 millones de inversiones tras el temor al gobierno autodeclarado “radical” de Castillo, generando turbulencia económica por semanas. 

Si bien lo esperado no se cumplió al pie de la letra, el impacto negativo se dio y no se ha tenido recuperación sobre dicho frente. Dicho esto, lo ocurrido en 2021 evidencia que escenarios polarizados y atomizados pueden provocar episodios de fuga de capitales, depreciación del tipo de cambio y caída bursátil.

Actualmente, ante la probabilidad de contar con más de 30 candidatos solo para la presidencia y prácticamente miles de candidaturas a nivel local y regional, especialistas avizoran una larga incertidumbre para las inversiones. 

De hecho, señalan que podremos observar dos etapas en el momento preelectoral: un primer momento activo y un segundo más pausado, caracterizado por la polarización y la prudencia empresarial, cuyo resultado podría ser la postergación de proyectos, la disminución de inversiones en infraestructura y un acceso limitado a financiación en áreas de producción.

La incertidumbre política debilita la inversión privada —impulsora del empleo y la innovación— y restringe la estabilidad regulatoria, pues las compañías se cuestionan si involucrarse en proyectos de largo alcance cuando no existe claridad en la futura composición del Congreso o del Ejecutivo.

¿Y qué ocurre con la gobernabilidad del país? Con una competencia electoral desbordante, es casi ineludible que únicamente unos pocos partidos logren superar la valla del 5 %. Se estima que solo cuatro o cinco grupos podrían conseguir una representación considerable en el próximo Congreso bicameral y, como ya lo estamos viviendo, esta fragmentación ha de generar no solo legislaturas incontrolables, sino pactos informales entre grupos específicos para aprobar leyes sin mayor respaldo técnico ni motivación social, dejando así conflictos fundamentales en el aire y repercutiendo directamente en la economía. 

Sin mayoría parlamentaria, ningún gobierno será capaz de implementar una agenda económica o un plan de recuperación real; las políticas públicas serán cada vez más efímeras y las reformas requeridas en temas como educación, salud, infraestructura o justicia quedarán en el olvido o, peor aún, obedeciendo intereses que no serán los del país o de la población. La reactivación económica de nuestro país ya está bajo presiones debido al déficit fiscal, la moderada deuda pública y el escaso dinamismo sectorial; añadir un Congreso atomizado representará un obstáculo significativo para una recuperación sostenida.

Una reciente encuesta de Datum muestra que el 70 % de los peruanos ve como excesiva la cantidad de partidos que existen a la fecha. Sin embargo, solo el 28 % apoya las alianzas electorales. El resultado: un panorama de voto disperso e indiferencia, numerosos electores que no lograrán obtener una adecuada información sobre cada alternativa y un voto en blanco o viciado que podría exceder el 30 %. 

En tanto no haya suficiente información e interés, la validez de los resultados disminuirá. Sumado a ello, la supresión de las elecciones primarias y la extrema facilidad para crear partidos han mermado el sistema democrático en el Perú. Una reforma que incluya mínimas barreras para la continuidad de los partidos y promueva la consolidación ideológica sería un avance crucial.

La contienda de 2026 puede transformarse en una oportunidad si los participantes optan por coaliciones con propuestas definidas y viabilidad institucional. ¿La solución? Posiblemente, no exista una fórmula única, pero es imprescindible robustecer la institucionalidad electoral: fijar límites más definidos, fomentar alianzas estratégicas y demandar un mayor compromiso político. Reglas claras y alianzas responsables. 

La tarea es clara.