La autoidentificación étnica en el Perú: ¿riqueza cultural o discriminación?, por Javier Herrera

'No hay país más diverso' es el título de una de las obras más conocidas del antropólogo Carlos Iván Degregori. Para él, estudiar la diversidad cultural no significaba promover una aculturación homogeneizadora ni idealizar al «buen salvaje», sino construir un nosotros diverso, basado en el derecho a la igualdad y a la diferencia. La igualdad remite a la ciudadanía, la igualdad ante la ley, la democracia, los derechos humanos y la justicia social; sobre esa base, el reconocimiento de las diferencias sustenta el pluralismo y la interculturalidad.

La globalización tiende a uniformizar las culturas y erosionar las particularidades de los grupos étnicos, poniendo en riesgo lenguas, tradiciones y cosmovisiones. Frente a ello, la diversidad cultural constituye un patrimonio que enriquece al país. La revalorización de las identidades étnicas responde a la demanda de reconocimiento de grupos históricamente discriminados. Reafirmar sus tradiciones fortalece su autoestima colectiva y visibiliza las brechas de oportunidades originadas por siglos de exclusión.

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Aunque el sistema de castas heredado de la colonia se ha debilitado con el mestizaje —que Ricardo Palma resumió en su célebre frase 'el que no tiene de inga tiene de mandinga'—, el racismo sigue profundamente arraigado. En momentos de tensión aflora mediante expresiones despectivas y atraviesa todos los estratos sociales. Como sostiene Jorge Bruce en 'Nos habíamos choleado tanto' (2007), el choleo es la expresión cotidiana del racismo, incluso entre quienes afirman rechazarlo. No se limita a la oposición entre blancos e indígenas, sino que clasifica a las personas según su apariencia, color de piel, forma de hablar, nivel educativo, lugar de origen y posición social.

La pregunta sobre la autoidentificación étnica en el Censo 2025 generó una intensa controversia. Algunos sostenían que sobredimensionaría a grupos con reivindicaciones territoriales, afectando proyectos de inversión mediante la consulta previa; otros consideraban que obligaría a las personas a encasillarse en categorías con las que no necesariamente se identifican. Organizaciones indígenas, por su parte, cuestionaron el diseño y la ejecución del censo por no incorporar adecuadamente a los pueblos minoritarios, perpetuando su invisibilidad y limitando el reconocimiento de sus derechos y de sus demandas de protección territorial y cultural.

Ninguno de estos temores se confirmó. Los resultados del Censo 2025 son consistentes con los de 2017: el 61,8% de la población se autoidentificó como mestiza, el 17,2% como quechua, el 9% como blanca, el 6% como afrodescendiente, el 2% como aimara y el 1,6% como perteneciente a pueblos indígenas amazónicos. La autoidentificación étnica no implica que esa sea la identidad principal de las personas. Según la ENAHO, muchos se identifican antes que nada con su comunidad o territorio: esta constituye la principal referencia para el 29,8% de los amazónicos, el 26,6% de los aimaras, el 22,2% de los quechuas y el 12% de los afrodescendientes, mientras que solo el 10,6%, 5,6%, 4,5% y 5,1%, respectivamente, señalan como principal identidad a su grupo étnico. ¿Implica ello una fragmentación de los grupos étnicos? La evidencia sugiere que no. La identidad étnica coexiste con otras formas de pertenencia, particularmente la comunidad y el territorio.

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Sin embargo, la pertenencia étnica también puede ser motivo de discriminación. La primera modalidad es la discriminación directa, que se manifiesta mediante la negación de derechos o un trato desigual en espacios públicos, centros de trabajo o establecimientos comerciales. La exposición reiterada a comentarios despectivos sobre el color de piel, los rasgos físicos, la lengua, el acento, las costumbres o la vestimenta puede generar lo que la psicología denomina indefensión aprendida (learned helplessness): las personas terminan percibiendo la discriminación como inevitable, reducen sus expectativas y aspiraciones, dejan de reclamar sus derechos e incluso interiorizan los estereotipos negativos sobre su propio grupo. Así, la discriminación deja de ser solo una práctica externa y restringe la autoestima, las aspiraciones, las capacidades y las oportunidades. Una ilustración de ello es que, según la ENAHO, menos del 5 % de quienes se identifican como quechuas, aimaras, indígenas amazónicos o afrodescendientes declara haber sufrido discriminación por su color de piel, rasgos físicos, lengua, origen o vestimenta, aunque los aimaras reportan una incidencia relativamente mayor.

La segunda modalidad es la discriminación indirecta o estructural. No se expresa mediante actos abiertos de exclusión, sino a través de normas, prácticas e instituciones aparentemente neutrales que generan desventajas sistemáticas para determinados grupos. Se refleja en el acceso desigual a una educación de calidad, servicios de salud, empleos bien remunerados y posiciones de liderazgo, así como en las persistentes brechas de ingresos, productividad y movilidad social que afectan desproporcionadamente a mujeres, pueblos indígenas y población afrodescendiente. Aunque menos visible que la discriminación directa, sus efectos son más profundos porque reproducen las desigualdades entre generaciones y consolidan las jerarquías sociales.

Esta forma de discriminación suele ser imperceptible para quienes la padecen. Una persona difícilmente puede saber si recibe un salario inferior al de otra con las mismas calificaciones, pero perteneciente a un grupo étnico distinto. Como la experiencia individual es necesariamente limitada, solo el análisis estadístico del mercado laboral permite identificar la existencia de discriminación y medir su impacto sobre las diferencias de ingresos.

Nuestras estimaciones muestran que la población indígena continúa enfrentando una desventaja significativa en el mercado laboral. Aunque la brecha de ingresos se redujo de 26,6% en 2019 a 23,4% en 2025, la disminución fue modesta. La mayor parte de esta desigualdad responde a brechas en educación, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales, mientras que la brecha residual entre trabajadores comparables es reducida.

En conjunto, estos resultados sugieren que las políticas orientadas a cerrar las brechas en capital humano, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales tendrían un mayor impacto en la reducción de las desigualdades de ingresos que aquellas centradas exclusivamente en corregir diferencias de ingresos entre trabajadores con características similares. En otras palabras, la principal fuente de desigualdad no parece ser la discriminación directa entre trabajadores comparables, sino las desventajas estructurales que limitan el acceso de la población indígena a mejores oportunidades educativas y laborales. Superar estas brechas constituye el principal desafío para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades.

Cerrar estas brechas estructurales no solo permitiría reducir las desigualdades de ingresos, sino también avanzar hacia ese “nosotros diverso” al que aspiraba Carlos Iván Degregori: una sociedad donde la diversidad cultural deje de ser una fuente de desigualdad y se convierta plenamente en un fundamento de ciudadanía, de igualdad de oportunidades y de orgullo para toda la ciudadanía peruana.