Las nuevas amenazas de las comunidades originarias

En los últimos años, un nuevo fenómeno se observa en el país. Se trata de nuevos colonialismos que llegan bajo el paraguas de dinero fácil a partir de procesos vinculados a economías ilegales. Y sus principales víctimas son los pueblos originarios.

Lejos de haber sido reparadas por la historia, las comunidades indígenas siguen siendo tratadas como objetos, en este caso obstáculos para el “progreso”. Lo que denuncian es que sus territorios son codiciados, actualmente, por empresas mineras, petroleras, madereras y narcotraficantes.

Su participación política a nivel nacional ha sido reducida a cuotas meramente simbólicas, acusan.

Y lo que denuncian es grave. A estos nuevos colonialistas les bastan decretos legislativos. La Ley n° 32293, que promueve la parcelación de tierras comunales, es un ejemplo. Detrás del discurso de la “formalización” se oculta la disolución de la propiedad colectiva, un valor central en la cosmovisión andina y amazónica. En otras palabras, el propósito es desarmar a las comunidades desde dentro, fragmentarlas y facilitar su entrega al capital.

Otro rostro del neocolonialismo se manifiesta en la impunidad con la que operan las economías ilegales en territorios indígenas.

¿Cómo? Imponiéndose por la fuerza, comprando voluntades, asesinando a líderes y convirtiendo la selva en campo de batalla extractivista.

No obstante, también se expresan en la exclusión política. Las grandes decisiones sobre territorios indígenas —desde carreteras hasta hidrocarburos— siguen tomándose sin consulta real ni consentimiento informado de las comunidades. Se mantiene una visión paternalista que ve a los pueblos originarios como “pobres que necesitan ayuda” o “salvajes que se oponen al desarrollo”, pero nunca como sujetos políticos con voz, dignidad y propuestas propias.

Los pueblos indígenas siguen siendo invisibilizados en los discursos oficiales, como ocurrió con el reciente mensaje a la nación, el cual, a pesar de haber sido el más largo de la historia, no mencionó las demandas de las comunidades originarias.

Se trata de reconocer a los pueblos indígenas como naciones vivas, con derecho a decidir sobre su territorio, su futuro y aporte al desarrollo del país.

Porque mientras no se transforme esa lógica colonial que aún habita en las leyes, las instituciones y las mentes, seguiremos dejando de lado a un importante grupo de peruanos que también tienen derecho a ser agentes de su historia.