Entre la recuperación económica y la fragilidad institucional, por Jennifer Infantas Paz de Noboa

El Perú avanza hacia el segundo semestre de 2025 con señales de recuperación económica, pero también con una profunda fragilidad institucional. Si bien los indicadores macroeconómicos ofrecen cierto alivio —el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta un crecimiento del 3,1 % para este año y del 2,9 % en 2026—, los problemas estructurales siguen intactos: conflictividad social, inseguridad ciudadana, crisis de legitimidad política y ausencia de reformas.

A nivel económico, el país mantiene fundamentos relativamente sólidos. La inflación cerraría el año alrededor del 2,3 %, dentro del rango meta, mientras que la deuda pública se ubica por debajo del 35 % del PBI, una de las más bajas de la región. Sectores como agricultura, pesca y construcción han mostrado un repunte sostenido: solo en el último trimestre reportado, la agricultura creció 12,4 % y la pesca 17,6 %. Este dinamismo, junto con grandes proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima o las Escuelas Bicentenario, apunta a una reactivación gradual de la economía no primaria.

Sin embargo, esta recuperación ocurre en un entorno político y social sumamente frágil. La conflictividad social ha resurgido con fuerza, especialmente en zonas con actividad minera informal, donde los bloqueos y protestas han afectado operaciones clave. La inseguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación nacional: la percepción de violencia e impunidad va en aumento, y más del 40 % de la población declara querer emigrar en los próximos tres años.

En lo político, el desgaste del sistema es evidente. La aprobación presidencial se mantiene por debajo del 5 %, mientras el Congreso, aun con nueva Mesa Directiva, continúa altamente fragmentado, con una agenda alejada de las prioridades del país. La falta de consensos limita la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas efectivas y, sobre todo, para impulsar reformas de fondo en áreas críticas como pensiones, educación, justicia y función pública. La institucionalidad, ya debilitada por años de inestabilidad, corre el riesgo de deteriorarse aún más ante un escenario electoral incierto de cara a 2026.

Los retos estructurales siguen siendo significativos. A pesar de que nuestro país mejoró su posición en el Ranking de Competitividad Mundial, continúa rezagado frente a economías regionales como Chile, México o Colombia, con niveles persistentes de informalidad laboral superiores al 70 %, baja ejecución del gasto público, desigualdad territorial y una infraestructura física e institucional aún insuficiente para sostener un crecimiento de largo plazo.

El gran riesgo es que esta recuperación parcial nos lleve a la complacencia. El Perú necesita más que cifras positivas: requiere liderazgo político, confianza institucional y una visión de desarrollo de largo plazo. Si no se abordan los problemas de fondo, la estabilidad será momentánea y el progreso, insostenible.

Estamos en un momento bisagra. Aún estamos a tiempo de tomar decisiones determinantes que nos encaminen hacia un país más justo, competitivo y gobernable. Pero para ello, hace falta mucho más que crecimiento: hace falta voluntad de cambio. La tarea es clara.