Tos ferina: Muertes evitables, responsabilidades ineludibles

Desde hace poco más de un mes, 16 menores han fallecido por tos ferina en el Perú. De ese total, 15 decesos han ocurrido en la región Loreto, dentro de los cuales 9 pertenecen a la comunidad indígena kandozi del Datem del Marañón. Sin embargo, debe decirse algo con claridad: esta tragedia no es una catástrofe natural, sino el resultado directo de la omisión estatal.

La tos ferina es una infección respiratoria sumamente contagiosa, cuya prevención está garantizada por esquemas básicos de vacunación. No obstante, esta enfermedad se ha expandido por la Amazonía con una violencia que habla de abandono. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI el país esté perdiendo a niños por una dolencia que en otras partes del mundo se erradicó hace décadas gracias a la inmunización?

El contexto se hace aún más indignante ante la reciente decisión del Ejecutivo. Para 2025, el presupuesto del Programa de Desarrollo Infantil Temprano —encargado de las campañas de vacunación— será recortado en S/120 millones. Una de sus asignaciones más bajas en nueve años.

Además, esta medida contradice las recomendaciones de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que alertó desde 2024 sobre el riesgo creciente de mortalidad infantil por bajas coberturas de vacunación.

Mientras se incrementa el número de niños indígenas muertos por una enfermedad absolutamente prevenible bajo esquemas adecuados de vacunación, el Gobierno de Dina Boluarte ha optado por recortar el presupuesto nacional destinado a estas políticas de salud pública. Esa combinación —desdén político y desprotección sanitaria— seguirá cobrando vidas.

En este escenario, el silencio cómplice del Congreso es ensordecedor. Ninguna bancada ha asumido el tema como una prioridad, y ninguna mayoría ha exigido que se revierta el recorte. En cambio, lo que sí ha tenido eco es el pedido del Despacho Presidencial para elevar los sueldos de altos funcionarios.

La vacunación no constituye una decisión discrecional del Estado, sino una obligación. Persistir en la indiferencia frente a esta deuda histórica y estructural equivale a naturalizar su sufrimiento. Garantizar el derecho a la salud es una exigencia ineludible.