El control de convencionalidad como defensa de la democracia

Como podía suponerse, el Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete de Eduardo Arana, el nuevo presidente del Consejo de Ministros de la presidenta Dina Boluarte. Ocurrió con el respaldo de la coalición gobernante, liderada por el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Honor y Democracia, Acción Popular y el Bloque Magisterial.

La luz verde que prorroga el pacto de gobierno ha tenido antecedentes que, por supuesto, no serán observados por el Ejecutivo. Con la iniciativa de Fuerza Popular y sus aliados, se aprobó la amnistía para los acusados de violaciones de derechos humanos. Ante ello —como sucedió con la ley antijurídica que permitió la liberación ilegal del exdictador Alberto Fujimori—, la protección del Estado de derecho pasa ahora a manos de los jueces del país.

El camino para ello es el uso del control de convencionalidad. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al aplicar la ley, los jueces deben asegurar que las normas estatales estén en línea con los tratados internacionales en especial en derechos humanos, con el objetivo de velar porque los efectos de la jurisdicción supranacional no se vean anulados por la aplicación de normas contrarias a su objeto.

En el caso de la ley en cuestión, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha advertido que esta no discrimina entre los tipos de delitos que serían objeto de amnistía; por lo tanto, también abarca crímenes que no pueden ser amnistiados, como los de lesa humanidad y otras graves violaciones a la dignidad humana.

Por ello, para resistir el embate autoritario del cual hoy el Perú es víctima, el Poder Judicial debe estar atento y actuar en consecuencia. El uso del control de convencionalidad para evitar la aplicación de esta norma que transgrede el orden jurídico resulta, para la dignidad de la patria, un menester histórico y patriótico. Y esa resistencia es posible.

Recordamos al país que una ley de similares implicancias fue aprobada el 14 de junio de 1995, durante la dictadura de Fujimori. Y, aunque costó, se pudo recuperar finalmente el Estado de derecho.