Fuerza Popular y APP sellan el blindaje a Dina Boluarte

El Congreso ha consumado el blindaje político a la presidenta Dina Boluarte, archivando las denuncias constitucionales relacionadas con el caso de los supuestos relojes Rolex.

Según las pesquisas periodísticas, estos habrían sido entregados como parte de una componenda a cambio de favorecer con presupuestos a determinados gobiernos regionales.

La Comisión Permanente, con 14 votos a favor, ocho en contra y una abstención, optó por sepultar el informe final que recomendaba continuar con las investigaciones. Cabe señalar que dicho informe ya había sido debilitado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) con los votos apañadores de los mismos partidos aliados en cuestión.

El respaldo a esta controvertida decisión provino principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Somos Perú. No obstante, sorprendió el voto disidente de Waldemar Cerrón de Perú Libre y, hasta hace poco, aliado del Ejecutivo. Junto a él, también se manifestaron en contra Flavio Cruz y Mamani, revelando así una fractura en el bloque que hasta entonces había cerrado filas en torno al gobierno.

Al respecto, el parlamentario opositor Alex Flores fue enfático al denunciar que esta decisión evidencia la existencia de una coalición que hoy controla el poder legislativo y sostiene a Boluarte en el poder.

Sin embargo, la arremetida no terminó allí. Con igual ensañamiento, la Comisión Permanente aprobó el informe de la SAC que propone acusar constitucionalmente al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, el fiscal supremo Jorge Luis Salas Arenas, por el presunto delito de negociación incompatible. La autoría de este informe, nuevamente, recae en la bancada fujimorista.

En paralelo, el recientemente nombrado presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha protagonizado también decisiones cuestionables. Su despacho bloqueó la publicación de informes relacionados con un intento de duplicar el salario presidencial.  ¿Su argumento? Que se trataba de una medida “reservada”, como si se tratase de una cuestión de seguridad nacional.

Mientras el gobierno y el Congreso concentran sus esfuerzos en consolidar privilegios, la delincuencia sigue ganando terreno en las principales ciudades del país.