Gobierno pierde el control sobre la criminalidad

Terminamos la semana con la verificación lamentable de que, en materia de inseguridad y criminalidad organizada, el Estado peruano ha abandonado a sus ciudadanos. No solo resalta el mortal desgobierno que demuestra la gestión de la alianza gobernante que tiene como pieza visible a la presidenta Dina Boluarte y que está amparada por el fujimorismo, Renovación Popular, el cerronismo y el partido Alianza para el Progreso (APP). También la cruda constatación del desdén de la mandataria hacia los peruanos que exigen acciones de estado que trabajen de verdad en acabar con el flagelo de la criminalidad.

En Pataz, distrito asolado por el surgimiento de grupos armados motivados por el mercado del oro y trata ilegal, 13 mineros de la empresa de minería artesanal R&R que de forma legal y formal brinda servicios a la minera Poderosa, continuaban secuestrados por criminales organizados, ligados a la minería ilegal que domina la zona.

Desde entonces, un silencio ensordecedor ha sido el del propio presidente del gobierno regional de La Libertad y cabeza de la bancada gobernante APP: César Acuña.

Quien debería brindar soluciones administrativas para llevar a cabo los trabajos de inteligencia en la segunda región con más homicidios en todo el país después de Lima, se dedica a brindar declaraciones para felicitar las implementaciones de estados de emergencia y exigir un trabajo de seguridad en cuyo cargo también recae una responsabilidad ejecutiva crucial.

Por supuesto, el gobierno central, en vez de plantear estrategias serias de inteligencia policial, con presupuesto y transparencia en la gestión que fortalezca la eficiencia de las operaciones, usa los espacios de discurso público para culpar a los fiscales de todo el problema público y aplicar operativos sin fruto como enviar a más de 800 policías sin intervenir verdaderamente las zonas tomadas por la criminalidad.

Y, mientras tanto, delincuentes se fugan de penales que se suponen deberían ser de alta seguridad. Además, seis jóvenes recluidos por cometer delitos en el centro de diagnóstico y rehabilitación de Lima “Maranguita” huyen como si nada.

Los peruanos saben a quién responsabilizar del completo estado de desprotección que está deviniendo en el empeoramiento de la crisis de seguridad social en el país.