Venganza política contra Equipo Lava Jato

La reciente suspensión del fiscal José Domingo Pérez por parte de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ha elevado una vez más las alarmas sobre el uso de mecanismos institucionales para silenciar a quienes investigan la corrupción en el Perú.

Esta medida, que se presenta como una respuesta a supuestas infracciones administrativas, parece, en cambio, una táctica de venganza política en un contexto donde la lucha contra la impunidad se ve amenazada por los intereses de quienes temen asumir los costos de sus acciones cometidas al margen de la ley.

José Domingo Pérez, conocido por su papel clave en el caso Lava Jato y en las pesquisas de los aportes irregulares a la campaña de Keiko Fujimori, ha sido un blanco constante de ataques por parte del fujimorismo y sus aliados.

La suspensión de seis meses, justo después de que La República revelara la coordinación entre el jefe de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, y el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la decisión.

Que las conversaciones filtradas sugieran un plan deliberado para descalificar a fiscales que han osado desafiar a un partido político y sus líderes que habrían cometido delitos, sin duda alguna, hace que este hecho cobre un tenor político.

Que lo resuelto de forma exprés por la ANC actúe en consonancia con lo que parece ser una estrategia de Fuerza Popular para debilitar la acción de la justicia evidencia un alarmante intento de interferencia política.

Así, la frase “no le digas nada por teléfono” resuena como un eco de prácticas que enturbian la búsqueda de la verdad.

Es fundamental para el respeto al debido proceso y la salvaguarda de la independencia judicial y fiscal que se retiren las sanciones contra operadores de justicia de casos de alta complejidad como el que hoy ha visto paralizada su labor con la consecución de justicia en el país.