El rechazo absoluto al Congreso gobernante

En el Perú, la lucha por la vida se ha vuelto un acto lamentablemente cotidiano. Como una nueva muestra, la reciente ola de atentados contra trabajadores de la mina Poderosa es el reflejo de la vulnerabilidad que enfrenta la minería en La Libertad y en el Perú.

Mientras la violencia se desata y vidas se siguen arrebatando, las principales autoridades peruanas siguen brillando por su ausencia.

Los partidos en el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte han sido identificados por los peruanos como los principales responsables.

Las leyes a favor del crimen, el debilitamiento del trabajo de la Fiscalía al trasladar la investigación preliminar a la Policía, los constantes ataques a la fiscal de la Nación por las investigaciones a los líderes políticos con acusaciones por hechos de contenido penal y la eliminación de la detención preliminar son solo algunas de las acciones que afectan directamente a los peruanos.

El comunicado de la empresa minera Poderosa es un grito desesperado que resuena fuertemente. “¿Cuántas personas más deben morir para que el Estado actúe?”, interpelan.

Esta pregunta no es solo retórica, sino un llamado urgente a la acción que, tras más de 24 horas, sigue sin respuesta en un contexto en el que la inacción se ha convertido en la norma de la alianza gobernante hoy reducida a la administración de Dina Boluarte y Alianza para el Progreso.

En lugar de tomar una postura firme frente a la ilegalidad y la violencia, prefieren mirar hacia otro lado y dejar a la ciudadanía desprotegida.

Sin embargo, los peruanos, hartos de la impunidad con la que los congresistas siguen haciéndose del aparato estatal mientras sus familias y amigos se desangran, siguen manifestándose.

La reciente encuesta del IEP es reveladora. El 95% desaprueba a la alianza gobernante que ocupa el Parlamento contra el pueblo y las empresas que ven frenadas sus posibilidades de progreso.

Los resultados del estudio muestran el rechazo de los peruanos ante la evidente inexistencia de estrategias y el populismo del Gobierno y del Congreso que solo aplica medidas inútiles para combatir la criminalidad desbordada.

Mientras las bancadas que siguen sosteniendo al régimen persisten en presentar mociones, los ciudadanos siguen saliendo a las calles para exigir medidas urgentes y reconociendo con claridad a los responsables de esta anarquía.